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Agrupación DORVAL SILVERA SARAVIA

¡Que capitalicen la vergüenza!

¡Que capitalicen la vergüenza!

Hay un sector de la población –diría, a esta altura, importante- no le llama la atención, en lo más mínimo, y es cuando se habla o de políticas macroeconómicas, estadísticas y porcentajes y, lo que más duele al país: endeudarse y, por ende, endeudarnos.

       Y lo peor: se empeña el futuro, se lo esposa a una estaca, sin agua ni alimentos, al mañana, a las generaciones futuras. Porque, más acá o más allá, todo se debe pagar. Y ANCAP, ese ente autónomo que tiene desde 1931 el monopolio absoluto del refinado del combustible y sus derivados y que, a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno, se ha dedicado a asociarse con privados para creadas sociedades anónimas como “Cementos del Plata” o la estatal azucarera “ALUR”.

   Parece ser que los hay quienes pretenden demostrarnos que, la vergüenza vista como ese sentimiento vinculado el miedo de la humillación o puesta en juicio de la honestidad, es una cuestión deficitaria en la gestión de la cosa pública. Deberían también, capitalizarla. ¿Por qué? Es sencillo encontrar una o varias respuestas: aquellos que pregonaron fervorosamente en contra de una ley que pretendía darle marco a la asociación de ANCAP con empresas privadas, terminaron administrándola y llevándola a la actual situación: fundida, menesterosa de recursos que le den oxígeno. Y si. ¿Quién se lo da? Juan Pueblo, uds y nosotros, con el pago de impuestos y precios astronómicos. ¿O me equivoco? ¿Era necesario que la ANCAP dilapidara cien millones de dólares en publicidad? Y lo peor, además de escandoloso e irregular: pagar pautas publicitarias en una radio que no existía. ¿Nos quieren tomar por tontos a la inmensa mayoría de todos los uruguayos?

      En definitiva, conscientes de que estamos en tiempos de gobierno, no electorales por cierto; instancia en que la acción gubernativa debe presidir en la voluntad e intención del dirigente político, máxime en aquel que tiene responsabilidades para ante la ciudadanía. La gestión de la cosa pública, es decir la administración y dirección de las instituciones y los entes públicos, a la ahora de reprochar responsabilidades, no debería ser tratada como una pelotita de ping pong que va y viene o agua que se escurre luego de lavarse las manos. La cuestión es sencilla, se es apto para desempeñar la función o inepto a tales efectos y, cuando la ineptitud o incapacidad en la gestión campea, no hay dos lecturas: alguien es responsable y como tal debe responder administrativa, civil y hasta penalmente por sus hechos, actos u omisiones. Así funciona -o funcionaba- el Estado de Derecho. 

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