"LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO CONSPIRA CONTRA LA SALUD REPRODUCTIVA"

    Desde el campo jurídico nacional, podemos asegurar que el aborto está fundamentalmente estructurado, en base a dos pilares: uno, sí es la propia embarazada la que causa el  aborto, o lo consiente siendo asistida por un tercero; mientras que, el otro pilar se funda, en que sí existe o no el consentimiento en el acto del aborto.     

   Por otra parte, podemos decir que sí el Estado elimina la tipificación del aborto como delito, no se está protegiendo el goce de los bienes jurídicos de la vida humana y de la integridad física (artículo 7º de la Constitución de la República); al contrario, conspira contra la salud reproductiva toda permisión pública de la actividad abortiva.    

   Decimos esto, en el sentido de que, al abortar (cuyo significado conceptual es “truncar”, “cortar”, “talar vida”) se está literalmente violando el mandamiento del “No Matarás”. Lisa y llanamente, se está matando a un ser humano inocente e indefenso. Inocente, por cuanto nunca pudo ser culpable en el natural llamado a la Vida en este mundo, sino que –en todo caso, serán sus progenitores los responsables de su gestación- e, indefenso, desde el momento en que, no puede resistir una inevitable, temprana, abrupta e injusta muerte. Sí, así es; se mata a un indefenso ser. Prácticamente, se le está condenando a la pena prematura de muerte, por circunstancias que, desde el ámbito ético del sentido de la vida, no encuentran una justificación racional y humanitaria. Lo primero, porque el ser humano es la única criatura de este mundo, que puede controlar sus instintos; y lo segundo, no es de humanos –tampoco lo hacen, los animales- matar a su descendencia.      Creemos, que la salud reproductiva, en cuanto a su promoción y educación entre los habitantes de esta República, ha sido una política de Estado que ha permanecido ausente desde la fundación de este país, al igual que la salud y educación sexual entre púberes, adolescentes, jóvenes y hasta los adultos; es que, quizá han sido, durante décadas, temas – tabú en nuestra sociedad. Sumado esto, a factores sociales y culturales, como la “moda” de mantener relaciones carnales prematuras o extramatrimoniales, así como el desarraigo a valores tales como la responsabilidad por la vida, ya sea  propia o ajena. Es que, nadie puede arrogarse la potestad de juzgar acerca del derecho a estar protegido en el goce de la vida; nadie. Menos en un país, en el cual hace ya, más de un siglo donde se abolió la pena más aberrante, como lo es, la condena a la muerte. Claro, muchos dirán: se está exponiendo a la misma muerte a todas las embarazadas que optan, libre o condicionadamente, por abortar –generalmente aquellas que, se encuentran en una situación de marginación socio-económica-, no sólo logran matar a su criatura sino que terminan mutilándose o, en el peor de los casos,  suicidándose, al aplicarse –o dejándose aplicar- técnicas o manipulaciones insalubres las que, terminan siendo letales.    

 Pues, no son culpables estas mujeres; aquí sólo hay un gran genocida, por omisión: el Estado. Es con esto que queremos decir, aquello que el Estado no sólo debe desarrollar políticas activas de salud y de prevención, sino que debe asumir un rol más preponderante en el ámbito de la educación. En consecuencia, se torna menester emplazar como política de estado, todas las acciones, planes y programas curriculares en la educación primaria y secundaria en materia de la salud sexual y reproductiva.     

  Es por ello, que estamos convencidos que, la despenalización del aborto es para la salud sexual y reproductiva como el plan de emergencia social es para la pobreza marginal: es decir, son, cual dedo que pretende tapar al sol.