"No hay políticas ni interés en atender a la discapacidad"

      Hace un año que se puso a consideración de la Junta Departamental, un proyecto de decreto de “Normas sobre protección e integración de personas con capacidades diferentes” (iniciativa que a su vez, permaneció sometida a estudio de la Comisión Nº 10 a partir del 4 de agosto de 2005, luego que fuera presentada en el plenario de la Junta, el 21 de julio de ese año); no obstante, al voto unánime que contó este proyecto desde esa Comisión Permanente, la Junta –con los votos oficialistas- rechazó, en dos ocasiones la iniciativa.    

 En la primera oportunidad, se pidió mantener en el orden del día de la Junta, para realizar consultas necesarias para sondear alternativas al proyecto original. Las alternativas, no llegaron.   

  En la segunda oportunidad, poco más que se trató de herejes tanto a quien redactó el texto normativo (edil Dr. Fernando Lúquez), como al Partido Nacional que lo apoyó en todo momento, al vociferar que dicho proyecto era inconstitucional. Cosa que, nunca fue así, es de consignar que se realizaron consultas acerca de la constitucionalidad de este proyecto, con expertos jurisconsultos: Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez (Partido Nacional, ex vicepresidente de la República)  y Dr. Alberto Breccia Guzzo (Senador de la República, por el Frente Amplio – Sector MPP); ambos son contestes en que el proyecto originario se adecua a derecho.   

   Lo inconstitucional sería, la intromisión de algunos jerarcas de la IMC (tal como sucedió), en las constitucionales facultades que osa la Junta Departamental, de legislar. Y el derecho que posee, la oposición constructiva en promover proyectos como el de marras, que pretende mejorar la calidad de vida de una población postergada en nuestro departamento: los discapacitados.  

  Lo ajustado al normal funcionamiento y relacionamiento de los dos poderes del gobierno de Canelones, hubiera sido que, el deliberativo departamental sancionara el proyecto que emanó de su propio seno, remitiéndolo a la Intendencia, a efectos de que esta, lo promulgara, o bien, le realizara modificaciones, sustituciones, o propusiera un proyecto alternativo, (tal como sucede a nivel de la elaboración de los actos legislativos, en lo nacional).          Pero bueno, la testarudez a veces se instala desplazando a la razón, el sentido común y la normalidad. Pues, de no ser así: ¿de qué sirve que los contribuyentes de Canelones, mantengan un poder legislativo valoradamente, como insignificante? La conclusión puede ser drástica, pero los hechos y los actos de este gobierno así lo han demostrado, en este, como en otros tantos temas.       

 Luego, algunos directores de la Intendencia, nos adelantaron que se estaba trabajando en un proyecto alternativo (diciembre de 2006); pero, ese proyecto nunca llegó a la Junta. Al menos hasta el momento. No obstante, fue en el mes de marzo, que nos propusimos retomar un tema que estaba totalmente congelado, nadie en la Junta hablaba del proyecto de discapacidad. Y como a nosotros no nos gusta librar proyectos como botellas que flotan en el mar; nos empeñamos en que el mismo, volviera al tapete.     

Es así que,  tras toda esta movida, las autoridades de la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Discapacidad, solicitaron ser recibidas por la Comisión Nº 10, cosa que sucederá el próximo 7 de agosto; esta será, luego del 6 de junio de 2006, el segundo encuentro para resolver un tema que, deseamos con total fervor, aprobando el proyecto en cuestión, en el correr de esta legislatura.   Capítulo aparte, merece el desempeño del Área de Discapacidad, creada por esta administración que, hasta el momento no ha generado planes o políticas que atiendan a la discapacidad; por el contrario, hace poco que se nos notició sobre el pedido de desalojo, por parte de la IMC, de la Institución PRIMODIS (de Las Piedras), en el local anexo al Hipódromo donde atendían a niños y jóvenes con discapacidad. Por otra parte, esta misma Área sugirió al Intendente suspender la subvención a una de las mejores instituciones de este país, como lo es el CEDAE (de la ciudad de Canelones), institución con más de 20 años de trayectoria en este noble servicio; la IMC, siguió el consejo de suspender esta subvención económica. Todo esto, sin contar, las decenas de casos que nos han notificado, acerca de la falta de apoyo municipal o al menos, moral de las autoridades de dicha dependencia, para estimular la actividad que se brinda en aras de la mejor calidad de vida de nuestros discapacitados.