El Edil Lúquez se hace eco de reclamos de jubilados canarios

Este órgano se ha caracterizado por ser, desde siempre, una caja de resonancia de la sociedad de Canelones; aquí llegan los más disímiles temas, la mayor de las veces, entran en el encaje de nuestra competencia, otros escapan a ésta. Precisamente, en esta oportunidad me referiré a un asunto ajeno a nuestra competencia material pero que, permea, por doquier a nuestra sociedad; y lo hace en un sector que ha estado relegado por algún tiempo: los pasivos de este país.            

Obviamente, señor Presidente, que este órgano no es competente para el tratamiento, discusión y posterior sanción de asuntos que corresponden al ámbito del gobierno nacional; bien sabemos la aplicación del principio de competencia de los órganos públicos.       

No obstante, buen número de vecinos residentes en este departamento, visualizan en la figura del edil departamental, la autoridad más cercana a los efectos de hacer valer ciertos reclamos, o en su caso, trasladarlos a través de ellos, a las autoridades competentes.       

En efecto, decenas de jubilados, conjunta e individualmente, se nos han apersonado a los efectos de trasladarnos con suma preocupación,  la situación económica que viven, obviamente esto no asume una discriminación territorial hacia este departamento, sino que se extiende en todo el territorio nacional. Es que, los aumentos que el Poder Ejecutivo ha fijado en estos primeros 30 meses de gestión, no han colmado las necesidades básicas de quienes han dado mucho, a lo largo de su vida laboral y que, hoy, pocos de ellos logran satisfacer el concepto de la palabra: jubilación.        

No sé, Señor Presidente, hasta que punto el gobierno está cumpliendo con la Constitución de la República,  en lo que respecta a la regulación de ajustes de jubilaciones y pensiones. Y si no, tomémosle el pulso a la realidad, y sentiremos el latir depresivo de miles de pasivos que apenas logran “llegar a fin de mes”.        

Es que, muchos de ellos viven en una situación de extrema pobreza, al percibir jubilaciones equivalente a $ 1.700 (son pesos uruguayos mil setecientos), si a esta suma paupérrima le contraponemos los gastos que debe afrontar el jubilado, diremos que apenas subsiste. Sí a ello le sumamos la inflación en los precios al consumo, la que se quiere ciegamente ocultar; el costo cada vez más inalcanzable de la canasta básica familiar, donde los productos de primera necesidad se rebelan contra el consumidor, gracias a las más disímiles variaciones que se instalan en el mercado; sí a esto le sumamos, una reforma tributaria donde en vez de procesar una justicia social que iguale para arriba, y no, les corte las piernas a quienes trabajan, derribando la esperanza de la clase obrera; y si a esto le sumamos, que la desesperación económica de muchos jubilados, los obliga salir a cumplir con las 8 horas tanto o más, que antes. Bueno, pasamos raya, y decimos: algo hay que cambiar.       

Bien. Es esta oposición constructiva que, desde Canelones, eleva su voz al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno en su conjunto, a efectos de que promuevan iniciativas que procesen la equidad entre trabajadores y jubilados, es que en este país sólo nos distinguen por los talentos y las virtudes, nada más.         

Pues, nuestra legislación nacional del trabajo ha tarifado un salario mínimo nacional -desde el año 1943- cuando por la ley 10.449 lo define, en su artículo 1º, como “aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales.”          

Se debería extender en su aplicación, a una buena porción de ciudadanos de este país: a los jubilados, apelando al principio de la igualdad jurídica (art. 8 de la Constitución Nacional), el que debe reinar a lo largo y ancho del territorio nacional, y permear a toda la sociedad. Por ello, creemos necesario que las autoridades competentes analicen la propuesta residente en la necesidad de establecer dos iniciativas tendentes a la mejora de los ingresos de nuestros jubilados: el establecimiento, mediante acto legislativo nacional, de una jubilación mínima nacional  y, por otro lado, el restablecimiento de la concesión de aguinaldos para todos los pasivos de este país. Ahí quizá se pueda recobrar, en parte, el significado conceptual del término júbilo, aplicado a quienes pasan a una etapa de retiro, pero que, en el atardecer de sus vidas puedan, de cierta manera, proveerse de ciertas necesidades de orden físico, sanitario, intelectual y moral, mediante la percepción de ingresos dignos.        

Señor Presidente, solicito que estas expresiones sean enviadas al Señor Presidente de la República, a ambas Cámaras del Poder Legislativo, al Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a la Sra. Ministra de Desarrollo y Planificación Social, al Directorio del Banco de Previsión Social, al PIT- CNT, a ONAJPU (Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay) y a los distintos medios de prensa acreditados en esta Junta Departamental. Es todo cuanto tenía para decir, muchas gracias.