"UN MUNDO APARTE" (extractado de EL PAIS - Qué Pasa)
/>En Canelones, uno de cada dos contribuyentes no paga sus tributos pero todos se quejan de los servicios y siempre hay sospechas sobre los gobiernos municipales.Paula Barquet
Setiembre fue un buen mes de recaudación". La noticia recorre los despachos y alivia las tensiones de los municipales. Hace 60 días que la comuna ocupa titulares con adjetivos alarmantes en los medios de comunicación. Aunque aún no se puede hablar de cifras, pareciera que los canarios están decidiendo ponerse al día con sus deudas. Y calmar, así, el dolor de cabeza del intendente Marcos Carámbula.
Llega un mensaje de texto al celular de Yamandú Orsi, secretario general de la comuna. Detrás de su escritorio, el jerarca no logra disimular su sonrisa. Deja las explicaciones por un momento y confiesa a Qué Pasa: "Me acaban de avisar que uno de los grandes va a pagar".
Los "grandes" a los que se refiere Orsi son 60 "deudores contumaces" que acumulan, en 1.000 padrones, un total de 10 millones de dólares en tributos no pagos a la intendencia. Hacia ellos apunta el Servicio Jurídico en estos días. "Los conocemos, sabemos quiénes son", asegura el funcionario.
Igual, el problema excede a esos 60 que la intendencia ha logrado personalizar, porque el 53% de la población canaria está atrasada con los impuestos. Significa que más de 250.000 personas no han contribuido con la intendencia en los últimos años, posicionando a Canelones como el departamento que menos recauda por persona.
A la morosidad se le suma la herencia de deudas con empresas públicas y privadas que la comuna no ha conseguido saldar y cuyos intereses aumentan año a año. Según reconoció el intendente, el frenteamplista Carámbula, el déficit asciende a 160 millones de dólares.
Además, Carámbula ha señalado que el aporte que recibe del Poder Ejecutivo representa el 23% del presupuesto municipal, cuando en otras intendencias llega a ser el 50%.
Entre acusaciones de mala gestión, cifras contradictorias y objetivos partidarios, algunos políticos han optado por evitar las culpas y hablar de un "problema estructural" en Canelones. "Si nos ponemos a mirar hacia atrás y a responsabilizarnos mutuamente, estamos en el horno", consideró el diputado José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay.
Pero por más estructural que sea, el asunto tiene un origen. Y cuando se indaga en él, la aparente comunión político-partidaria se esfuma. Los frenteamplistas no vacilan al endemonizar la administración del ex intendente colorado Tabaré Hackenbruch; los blancos comparan esa gestión con la del actual mandatario y aseguran que el apoyo con el que cuenta Carámbula desde el gobierno central, es la única diferencia con la anterior. Nadie duda en subrayar la importancia política de Canelones y teñir aquel "problema estructural" de colores electorales.
Mientras, sus habitantes se quejan de la falta de obras, las promesas incumplidas, el saneamiento que no llega, los pozos que reaparecen, el dinero que se malgasta. Lo escriben en cartas a medios de prensa. Descargan su rabia en foros virtuales. Y al final suele aparecer uno que concluye: "los políticos son todos unos chantas".
Morosos con motivos. "El intendente debería preguntarse por qué la gente no paga", opina el edil nacionalista Luis Goggia. Para él, el principal motivo es que los impuestos son demasiado altos. "Si los canarios no pagan es porque no pueden. No está bien que una casa humilde, de dos dormitorios, sólo por estar a tres cuadras de la playa pague 30.000 pesos de contribución inmobiliaria", afirma.
Siguiendo esa línea de pensamiento, para el próximo presupuesto quinquenal -cuya fecha límite de elaboración es el 7 de enero- el Partido Nacional propondrá "el 50% de abatimiento de los dos impuestos abanderados de toda intendencia": la contribución inmobiliaria y la patente de rodados.
Por su parte, el también edil nacionalista, Joselo Hernández, apunta que "el canario perdió la confianza en Carámbula", y ejemplifica que el saneamiento "se viene prometiendo desde 2005".
Los blancos recuerdan, además, que en los últimos años de la década de 1990, cuando Hackenbruch transitaba su segundo gobierno departamental, "el Frente Amplio incitaba al no pago por falta de obras". "Hoy es un boomerang", alega Goggia.
Para explicar lo que denomina "cultura del no pago", el frenteamplista Mahía también se remonta 25 años atrás. Se generó, en Canelones, "una corriente de opinión de esperar una amnistía milagrosa con cada gobierno y hacerse el desentendido cada vez que no llegaba". Esa corriente, sostiene el diputado canario, "no tuvo un buen abordaje, ni de los gobiernos ni de la oposición".
"Nunca se apretó para que se pagara. Ése es el origen: que nunca pasaba nada", argumenta enfáticamente Orsi desde la comuna. El no pago de la contribución inmobiliaria -tributo que representa el 50% del ingreso municipal-, no tiene consecuencia, a menos que se vaya a emprender una transacción con el inmueble.
Según el funcionario municipal, el endeudamiento del 53% de los contribuyentes "no es porque los impuestos sean caros", como plantean los ediles opositores. A principios de este año la intendencia solicitó un estudio económico a la consultora CPA Ferrere, cuyos resultados demostraron que "no hay un peso excesivo de tributos sobre el vecino" y que, en ese ranking, "Canelones ocupa uno de los últimos lugares".
En todo caso, sigue Orsi, existe un Tribunal de Revisión Tributaria al que pueden acudir los imposibilitados de pagar. Hasta ahora los casos resueltos por esa vía han sido unos 8.000.
La intendencia también pidió un informe al Clearing para analizar a 2.000 canarios que adeudan unos 20 millones de dólares. Resultó que el 60% nunca tuvo inconveniente con esa oficina de control de malos pagadores. Significa que cumplen con los otros tributos. "Es plata que está en la calle", se queja Orsi. "Y la mitad del departamento me está bancando al resto".
Pero existe otro fundamento para la "cultura del no pago" que identifica a los canarios. Y el origen no es precisamente su viveza criolla. Hasta hace poco, sólo el 25% de los contribuyentes recibía las facturas de tributos en su casa. Es decir, el 75% "no se enteraba" de cuánto ni cuándo debía pagar.
CASA EN DESORDEN. Canelones es el segundo departamento más poblado del país. Medio millón de habitantes viven dispersos en un centenar de localidades, ciudades o sencillos parajes rurales de los que, además, se mudan frecuentemente. Ciudad de la Costa es el centro urbano que más creció durante la década de 1990 en América Latina, y lo hizo sin ordenamiento territorial.
Un informe de El País, de setiembre de 2002, advertía en el título: "Detectan caos de gestión en la Intendencia de Canelones". El descubrimiento lo hizo la empresa Conex, una unidad de UTE especializada en asesoramiento y consultoría a empresas en general.
Conex, contratada por Hackenbruch para relevar la situación departamental, había detectado que dicho "caos" se arrastraba de muchos años atrás. "Al carecer de informaciones fidedignas sobre los pagos de los tributos, sus dependencias trabajaban con distintas versiones informáticas y no se tiene suficiente infraestructura para atender al cliente", según El País.
Hoy, ocho años después, la realidad no difiere demasiado.
Carámbula, atacado en los foros de canarios por haberse enterado tarde del asunto de la morosidad ("¿Qué hizo Carambola (sic) en estos cinco años?"), ha explicado que en el primer lustro al frente de la comuna se dedicó a regularizar el "censo inmobiliario" y actualizar la "base de datos" de los contribuyentes.
Igual, todavía falta. "Hoy Canelones dispone de la información, aunque es insuficiente", confesó el intendente a La República. Orsi incluso informó a este suplemento que quedan al menos tres localidades por relevar y que todavía se encuentran padrones mal asignados.
Conex, la consultora de UTE, se terminó instalando en la comuna en 2003. Se le encargó la emisión y distribución de facturas a un precio que hoy se reconoce desproporcionado: 13 pesos por factura. De hecho, gran parte de la deuda de la intendencia con UTE -en parte saldada en el período anterior- provenía de los servicios de Conex.
Con todo, y a pesar de los altos costos de su tarea, la consultora tampoco logró poner la casa en orden porque las facturas seguían sin llegar a destino. A los canarios les llevó cinco años librarse de Conex: en 2008, la gestión de cobro volvió a la intendencia. Actualmente se estudia la posibilidad de que la emisión corra por cuenta del BPS y la distribución la realice El Correo, con un costo mucho más bajo que el de Conex. Por el momento no se están enviando facturas.
Dos mil ocho fue un año clave en otros sentidos. Se realizó una nueva tasación de suelos -la última era de 1978- y una revisión de impuestos.
Según datos de la intendencia, a partir de esa instancia el 70% de los canarios se mantuvo en la misma situación o recibió una disminución en el monto de la contribución, sobre todo los habitantes de Ciudad de la Costa. Al 30% restante se le aumentaron.
Esto habría llevado a un estado de conformidad que a su vez se habría reflejado en una baja en la morosidad: de 60% que había en 2005 se pasó a 40%.
Pero volvió a subir. Y ahí es cuando no quedan razones y se vuelve a hablar de aquel viejo "problema estructural" del que ninguna administración parece poder liberarse.
LA CONTIENDA. De ambos bandos, los políticos piensan que éste es un "momento clave" para cambiar la forma de gestionar Canelones. Y quizá también una oportunidad de conseguir votos.
La estrategia de Carámbula y su equipo de gobierno apunta a captar a los morosos y ofrecerles planes de pago. Dicen que descartan una amnistía, y que si no adoptaron una "actitud agresiva" antes, fue porque no estaban "en condiciones de hacerlo". "Había que corregir cosas de fondo", explica Orsi.
La oposición habla de austeridad, de no perseguir a los deudores, de bajar los impuestos para aumentar la recaudación. Además, entienden que hay una "amnistía encubierta" de parte del oficialismo, ya que el decreto 73 -recién modificado para dar más flexibilidad a los requisitos- ofrece demasiadas facilidades a los morosos para liquidar sus deudas.
El miércoles se firmó un convenio con República Afisa, del Banco República, para gestionar la cobranza de 20.000 personas que deben, en total, 100 millones de dólares. El resto -los deudores contumaces y los deudores "nuevos" o menores- los llevará el Servicio Jurídico de la intendencia. En total, la morosidad asciende a 200 millones de dólares.
Por otra parte, la deuda que tiene Canelones se estima en 160 millones de dólares. Según datos oficiales, el gobierno frenteamplista que asumió en 2005 recibió cerca de 120 millones de deuda, de los cuales la mitad era con privados y la otra mitad, con públicos.
Entre 2005 y 2010 se saldó aproximadamente el 50% de la deuda con empresas públicas, principalmente con UTE, BPS y Banco República. El pasivo con privados, afirma Orsi, "no se pudo negociar salvo alguna excepción", y corresponde sobre todo a empresas viales. El aumento del déficit se explica por los intereses acumulados con estas empresas.
De cada 100 pesos que tiene, la intendencia gasta 80 en funcionamiento y sueldos. Las autoridades canarias dicen que el resto (unos 90 millones de dólares) se emplearon, durante el gobierno pasado, fundamentalmente en obras de alumbrado y caminería rural.
Con todo, la oposición señala que los números no han sido del todo claros. El Partido Nacional asegura que durante la campaña electoral Carámbula, entonces candidato a la reelección, negó que existiera la deuda que ahora, pasada la instancia de las urnas, sí ha reconocido.
Cuestionan, además, que en este contexto de crisis financiera se hayan creado 18 cargos de confianza, presuntamente asignados a candidatos a alcaldes que no resultaron electos. Los ediles Hernández y Goggia afirman que algunos de ellos, con sueldos de hasta 40.000 pesos mensuales, fueron nombrados como "coordinadores de alcaldes": una suerte de cargo regional por encima de los municipios.
Una vez más, la comuna lo desmiente. La versión oficial es que en este período se designaron 80 cargos de confianza en un total de 4.300 funcionarios municipales. Dos de ellos serían frenteamplistas frustrados en sus candidaturas a las alcaldías canarias. En la intendencia afirman que habrá "sólo un coordinador regional" de los municipios que se extienden de San Luis a Jaureguiberry, por tratarse de un área muy extensa. Canelones tiene 29 alcaldías, más que cualquier otro departamento.
Pero ese, después de todo, parecería un problema menor en el rosario de complicaciones que, desde siempre, acecha a quien se ponga al frente del medio millón de canarios. Con sus peculiaridades geográficas, políticas, administrativas y sociales, Canelones es un mundo que tiene sus propias reglas y, seguramente, sus propias soluciones.
Deuda dudosa
En 2001, el entonces intendente Tabaré Hackenbruch pidió un préstamo al Banco Comercial, que luego desapareció. La deuda, de unos 11 millones de dólares, la compró la sociedad anónima Thesis. Un informe del blog Corrupción Uruguay afirma que cuando Thesis le quiso vender la deuda por ocho millones de dólares, la intendencia no negoció suficiente. "Todo el mundo sabe", dice el informe, que esa deuda valía menos, a excepción de los jerarcas municipales. El empresario uruguayo Mario Bonanata adquirió la deuda por un millón de dólares y la vendió a la comuna a 1,6 millones. Sobre esto, el secretario general Yamandú Orsi se limitó a decir que la intendencia hizo un "muy buen negocio" al cambiar la deuda canaria por mucho menos de su valor. "Cómo funcionó el mecanismo de Thesis, Banco Central y el resto de las empresas que viven de esto, es un tema que la intendencia no tiene por qué manejar".
Montevideo, intendencia solidaria
En marzo, la intendencia de Montevideo renunció a un crédito por 170 millones de pesos del Fondo de Inversión Departamental y se lo cedió a Canelones, que lo debe devolver en 2011. El préstamo fue cuestionado por los ediles del Partido Nacional, que argumentan que Canelones no lo podrá devolver.
"Ponete al día"
"Las obras sólo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con Canelones". Eso dice la campaña publicitaria que estos días comenzó la comuna en medios escritos y audiovisuales, y que durará tres meses. El costo se estima en cinco millones de pesos y se justifica como inversión para más recaudación.
Que explique
Al cierre de esta edición estaba previsto que el intendente Marcos Carámbula asistiera ayer, viernes, a la Junta Departamental, bajo su iniciativa, para aportar información sobre el déficit, tal como ha solicitado la oposición. Igual, el Partido Nacional anunció un llamado a sala que contaría con el apoyo del Partido Colorado. Su concreción se votará en la junta el tercer viernes de este mes. El 29 de setiembre, Carámbula convocó a los legisladores canarios para explicar el déficit de la comuna. Asistieron los del Frente Amplio, Partido Independiente y Colorado, pero faltó la mayoría de la bancada del Partido Nacional.
Setiembre fue un buen mes de recaudación". La noticia recorre los despachos y alivia las tensiones de los municipales. Hace 60 días que la comuna ocupa titulares con adjetivos alarmantes en los medios de comunicación. Aunque aún no se puede hablar de cifras, pareciera que los canarios están decidiendo ponerse al día con sus deudas. Y calmar, así, el dolor de cabeza del intendente Marcos Carámbula.
Llega un mensaje de texto al celular de Yamandú Orsi, secretario general de la comuna. Detrás de su escritorio, el jerarca no logra disimular su sonrisa. Deja las explicaciones por un momento y confiesa a Qué Pasa: "Me acaban de avisar que uno de los grandes va a pagar".
Los "grandes" a los que se refiere Orsi son 60 "deudores contumaces" que acumulan, en 1.000 padrones, un total de 10 millones de dólares en tributos no pagos a la intendencia. Hacia ellos apunta el Servicio Jurídico en estos días. "Los conocemos, sabemos quiénes son", asegura el funcionario.
Igual, el problema excede a esos 60 que la intendencia ha logrado personalizar, porque el 53% de la población canaria está atrasada con los impuestos. Significa que más de 250.000 personas no han contribuido con la intendencia en los últimos años, posicionando a Canelones como el departamento que menos recauda por persona.
A la morosidad se le suma la herencia de deudas con empresas públicas y privadas que la comuna no ha conseguido saldar y cuyos intereses aumentan año a año. Según reconoció el intendente, el frenteamplista Carámbula, el déficit asciende a 160 millones de dólares.
Además, Carámbula ha señalado que el aporte que recibe del Poder Ejecutivo representa el 23% del presupuesto municipal, cuando en otras intendencias llega a ser el 50%.
Entre acusaciones de mala gestión, cifras contradictorias y objetivos partidarios, algunos políticos han optado por evitar las culpas y hablar de un "problema estructural" en Canelones. "Si nos ponemos a mirar hacia atrás y a responsabilizarnos mutuamente, estamos en el horno", consideró el diputado José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay.
Pero por más estructural que sea, el asunto tiene un origen. Y cuando se indaga en él, la aparente comunión político-partidaria se esfuma. Los frenteamplistas no vacilan al endemonizar la administración del ex intendente colorado Tabaré Hackenbruch; los blancos comparan esa gestión con la del actual mandatario y aseguran que el apoyo con el que cuenta Carámbula desde el gobierno central, es la única diferencia con la anterior. Nadie duda en subrayar la importancia política de Canelones y teñir aquel "problema estructural" de colores electorales.
Mientras, sus habitantes se quejan de la falta de obras, las promesas incumplidas, el saneamiento que no llega, los pozos que reaparecen, el dinero que se malgasta. Lo escriben en cartas a medios de prensa. Descargan su rabia en foros virtuales. Y al final suele aparecer uno que concluye: "los políticos son todos unos chantas".
Morosos con motivos. "El intendente debería preguntarse por qué la gente no paga", opina el edil nacionalista Luis Goggia. Para él, el principal motivo es que los impuestos son demasiado altos. "Si los canarios no pagan es porque no pueden. No está bien que una casa humilde, de dos dormitorios, sólo por estar a tres cuadras de la playa pague 30.000 pesos de contribución inmobiliaria", afirma.
Siguiendo esa línea de pensamiento, para el próximo presupuesto quinquenal -cuya fecha límite de elaboración es el 7 de enero- el Partido Nacional propondrá "el 50% de abatimiento de los dos impuestos abanderados de toda intendencia": la contribución inmobiliaria y la patente de rodados.
Por su parte, el también edil nacionalista, Joselo Hernández, apunta que "el canario perdió la confianza en Carámbula", y ejemplifica que el saneamiento "se viene prometiendo desde 2005".
Los blancos recuerdan, además, que en los últimos años de la década de 1990, cuando Hackenbruch transitaba su segundo gobierno departamental, "el Frente Amplio incitaba al no pago por falta de obras". "Hoy es un boomerang", alega Goggia.
Para explicar lo que denomina "cultura del no pago", el frenteamplista Mahía también se remonta 25 años atrás. Se generó, en Canelones, "una corriente de opinión de esperar una amnistía milagrosa con cada gobierno y hacerse el desentendido cada vez que no llegaba". Esa corriente, sostiene el diputado canario, "no tuvo un buen abordaje, ni de los gobiernos ni de la oposición".
"Nunca se apretó para que se pagara. Ése es el origen: que nunca pasaba nada", argumenta enfáticamente Orsi desde la comuna. El no pago de la contribución inmobiliaria -tributo que representa el 50% del ingreso municipal-, no tiene consecuencia, a menos que se vaya a emprender una transacción con el inmueble.
Según el funcionario municipal, el endeudamiento del 53% de los contribuyentes "no es porque los impuestos sean caros", como plantean los ediles opositores. A principios de este año la intendencia solicitó un estudio económico a la consultora CPA Ferrere, cuyos resultados demostraron que "no hay un peso excesivo de tributos sobre el vecino" y que, en ese ranking, "Canelones ocupa uno de los últimos lugares".
En todo caso, sigue Orsi, existe un Tribunal de Revisión Tributaria al que pueden acudir los imposibilitados de pagar. Hasta ahora los casos resueltos por esa vía han sido unos 8.000.
La intendencia también pidió un informe al Clearing para analizar a 2.000 canarios que adeudan unos 20 millones de dólares. Resultó que el 60% nunca tuvo inconveniente con esa oficina de control de malos pagadores. Significa que cumplen con los otros tributos. "Es plata que está en la calle", se queja Orsi. "Y la mitad del departamento me está bancando al resto".
Pero existe otro fundamento para la "cultura del no pago" que identifica a los canarios. Y el origen no es precisamente su viveza criolla. Hasta hace poco, sólo el 25% de los contribuyentes recibía las facturas de tributos en su casa. Es decir, el 75% "no se enteraba" de cuánto ni cuándo debía pagar.
CASA EN DESORDEN. Canelones es el segundo departamento más poblado del país. Medio millón de habitantes viven dispersos en un centenar de localidades, ciudades o sencillos parajes rurales de los que, además, se mudan frecuentemente. Ciudad de la Costa es el centro urbano que más creció durante la década de 1990 en América Latina, y lo hizo sin ordenamiento territorial.
Un informe de El País, de setiembre de 2002, advertía en el título: "Detectan caos de gestión en la Intendencia de Canelones". El descubrimiento lo hizo la empresa Conex, una unidad de UTE especializada en asesoramiento y consultoría a empresas en general.
Conex, contratada por Hackenbruch para relevar la situación departamental, había detectado que dicho "caos" se arrastraba de muchos años atrás. "Al carecer de informaciones fidedignas sobre los pagos de los tributos, sus dependencias trabajaban con distintas versiones informáticas y no se tiene suficiente infraestructura para atender al cliente", según El País.
Hoy, ocho años después, la realidad no difiere demasiado.
Carámbula, atacado en los foros de canarios por haberse enterado tarde del asunto de la morosidad ("¿Qué hizo Carambola (sic) en estos cinco años?"), ha explicado que en el primer lustro al frente de la comuna se dedicó a regularizar el "censo inmobiliario" y actualizar la "base de datos" de los contribuyentes.
Igual, todavía falta. "Hoy Canelones dispone de la información, aunque es insuficiente", confesó el intendente a La República. Orsi incluso informó a este suplemento que quedan al menos tres localidades por relevar y que todavía se encuentran padrones mal asignados.
Conex, la consultora de UTE, se terminó instalando en la comuna en 2003. Se le encargó la emisión y distribución de facturas a un precio que hoy se reconoce desproporcionado: 13 pesos por factura. De hecho, gran parte de la deuda de la intendencia con UTE -en parte saldada en el período anterior- provenía de los servicios de Conex.
Con todo, y a pesar de los altos costos de su tarea, la consultora tampoco logró poner la casa en orden porque las facturas seguían sin llegar a destino. A los canarios les llevó cinco años librarse de Conex: en 2008, la gestión de cobro volvió a la intendencia. Actualmente se estudia la posibilidad de que la emisión corra por cuenta del BPS y la distribución la realice El Correo, con un costo mucho más bajo que el de Conex. Por el momento no se están enviando facturas.
Dos mil ocho fue un año clave en otros sentidos. Se realizó una nueva tasación de suelos -la última era de 1978- y una revisión de impuestos.
Según datos de la intendencia, a partir de esa instancia el 70% de los canarios se mantuvo en la misma situación o recibió una disminución en el monto de la contribución, sobre todo los habitantes de Ciudad de la Costa. Al 30% restante se le aumentaron.
Esto habría llevado a un estado de conformidad que a su vez se habría reflejado en una baja en la morosidad: de 60% que había en 2005 se pasó a 40%.
Pero volvió a subir. Y ahí es cuando no quedan razones y se vuelve a hablar de aquel viejo "problema estructural" del que ninguna administración parece poder liberarse.
LA CONTIENDA. De ambos bandos, los políticos piensan que éste es un "momento clave" para cambiar la forma de gestionar Canelones. Y quizá también una oportunidad de conseguir votos.
La estrategia de Carámbula y su equipo de gobierno apunta a captar a los morosos y ofrecerles planes de pago. Dicen que descartan una amnistía, y que si no adoptaron una "actitud agresiva" antes, fue porque no estaban "en condiciones de hacerlo". "Había que corregir cosas de fondo", explica Orsi.
La oposición habla de austeridad, de no perseguir a los deudores, de bajar los impuestos para aumentar la recaudación. Además, entienden que hay una "amnistía encubierta" de parte del oficialismo, ya que el decreto 73 -recién modificado para dar más flexibilidad a los requisitos- ofrece demasiadas facilidades a los morosos para liquidar sus deudas.
El miércoles se firmó un convenio con República Afisa, del Banco República, para gestionar la cobranza de 20.000 personas que deben, en total, 100 millones de dólares. El resto -los deudores contumaces y los deudores "nuevos" o menores- los llevará el Servicio Jurídico de la intendencia. En total, la morosidad asciende a 200 millones de dólares.
Por otra parte, la deuda que tiene Canelones se estima en 160 millones de dólares. Según datos oficiales, el gobierno frenteamplista que asumió en 2005 recibió cerca de 120 millones de deuda, de los cuales la mitad era con privados y la otra mitad, con públicos.
Entre 2005 y 2010 se saldó aproximadamente el 50% de la deuda con empresas públicas, principalmente con UTE, BPS y Banco República. El pasivo con privados, afirma Orsi, "no se pudo negociar salvo alguna excepción", y corresponde sobre todo a empresas viales. El aumento del déficit se explica por los intereses acumulados con estas empresas.
De cada 100 pesos que tiene, la intendencia gasta 80 en funcionamiento y sueldos. Las autoridades canarias dicen que el resto (unos 90 millones de dólares) se emplearon, durante el gobierno pasado, fundamentalmente en obras de alumbrado y caminería rural.
Con todo, la oposición señala que los números no han sido del todo claros. El Partido Nacional asegura que durante la campaña electoral Carámbula, entonces candidato a la reelección, negó que existiera la deuda que ahora, pasada la instancia de las urnas, sí ha reconocido.
Cuestionan, además, que en este contexto de crisis financiera se hayan creado 18 cargos de confianza, presuntamente asignados a candidatos a alcaldes que no resultaron electos. Los ediles Hernández y Goggia afirman que algunos de ellos, con sueldos de hasta 40.000 pesos mensuales, fueron nombrados como "coordinadores de alcaldes": una suerte de cargo regional por encima de los municipios.
Una vez más, la comuna lo desmiente. La versión oficial es que en este período se designaron 80 cargos de confianza en un total de 4.300 funcionarios municipales. Dos de ellos serían frenteamplistas frustrados en sus candidaturas a las alcaldías canarias. En la intendencia afirman que habrá "sólo un coordinador regional" de los municipios que se extienden de San Luis a Jaureguiberry, por tratarse de un área muy extensa. Canelones tiene 29 alcaldías, más que cualquier otro departamento.
Pero ese, después de todo, parecería un problema menor en el rosario de complicaciones que, desde siempre, acecha a quien se ponga al frente del medio millón de canarios. Con sus peculiaridades geográficas, políticas, administrativas y sociales, Canelones es un mundo que tiene sus propias reglas y, seguramente, sus propias soluciones.
Deuda dudosa
En 2001, el entonces intendente Tabaré Hackenbruch pidió un préstamo al Banco Comercial, que luego desapareció. La deuda, de unos 11 millones de dólares, la compró la sociedad anónima Thesis. Un informe del blog Corrupción Uruguay afirma que cuando Thesis le quiso vender la deuda por ocho millones de dólares, la intendencia no negoció suficiente. "Todo el mundo sabe", dice el informe, que esa deuda valía menos, a excepción de los jerarcas municipales. El empresario uruguayo Mario Bonanata adquirió la deuda por un millón de dólares y la vendió a la comuna a 1,6 millones. Sobre esto, el secretario general Yamandú Orsi se limitó a decir que la intendencia hizo un "muy buen negocio" al cambiar la deuda canaria por mucho menos de su valor. "Cómo funcionó el mecanismo de Thesis, Banco Central y el resto de las empresas que viven de esto, es un tema que la intendencia no tiene por qué manejar".
Montevideo, intendencia solidaria
En marzo, la intendencia de Montevideo renunció a un crédito por 170 millones de pesos del Fondo de Inversión Departamental y se lo cedió a Canelones, que lo debe devolver en 2011. El préstamo fue cuestionado por los ediles del Partido Nacional, que argumentan que Canelones no lo podrá devolver.
"Ponete al día"
"Las obras sólo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con Canelones". Eso dice la campaña publicitaria que estos días comenzó la comuna en medios escritos y audiovisuales, y que durará tres meses. El costo se estima en cinco millones de pesos y se justifica como inversión para más recaudación.
Que explique
Al cierre de esta edición estaba previsto que el intendente Marcos Carámbula asistiera ayer, viernes, a la Junta Departamental, bajo su iniciativa, para aportar información sobre el déficit, tal como ha solicitado la oposición. Igual, el Partido Nacional anunció un llamado a sala que contaría con el apoyo del Partido Colorado. Su concreción se votará en la junta el tercer viernes de este mes. El 29 de setiembre, Carámbula convocó a los legisladores canarios para explicar el déficit de la comuna. Asistieron los del Frente Amplio, Partido Independiente y Colorado, pero faltó la mayoría de la bancada del Partido Nacional.
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