La Junta Departamental, con los votos del oficialismo, ha decretado una nueva violación de la Constitución de la República, al habilitar el ingreso de un edil departamental, que fue así proclamado por la Corte Electoral (e investido de su calidad de tal) es sujeto de derecho en el marco del Estatuto del Edil Departamental, así establecido en los arts. 290, 291 y 292 de la Constitución de la República así como disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.Es que, en el caso concreto, el Sr. Raúl Estramil solicita una licencia –que, para nada suspende los derechos, los deberes, las prohibiciones y las incompatibilidades del señor Edil- a efectos de asumir un cargo de particular confianza (secretario de la Junta Local de Santa Lucía) dependiente del Señor Intendente Municipal de Canelones. Por lo que, en buen romance, desde la toma de posesión de su cargo en la Intendencia Municipal ya, automáticamente, lo hace pasible de la sanción constitución relativa a la pérdida inmediata del cargo de edil (art. 292 de la Constitución), sin necesidad de Juicio Político ante el Senado de la República (tal como así lo aconseja el informe jurídico de la Asesoría de esta Junta Departamental); organismo deliberativo que, ha desconocido nuevamente el mandato constitucional.Y que, de cierta forma, habilita ipso facto el ingreso a esta Junta de 4 señores más, a parte de Estramil, que fueron proclamados ediles y que, hoy ocupan cargos en el Ejecutivo Comunal, es el caso de Juan Ripoll, Jorge Repetto, Ricardo Alarcón y Oscar Palacios; de ser así, esta Junta está inconstitucionalmente integrada.En consecuencia, no ocultamos la preocupación sobre el posible advenimiento de reclamos administrativos y judiciales, en resoluciones y decretos, que se teñirán de nulidad por razones de forma, y por tanto serían pasibles de impugnaciones, enderezadas todas en desmedro de las arcas municipales.Por otra parte, se ve con total claridad, que el oficialismo toma el asesoramiento jurídico de los técnicos de este Organismo, cuando se aprecia que, de acuerdo a sus resultancias, se lleva “agua para su molino”; empero, sí el informe es adverso a la suerte oficialista (tal como sucede en este caso), se le desconoce.
La Junta Departamental, con los votos del oficialismo, ha decretado una nueva violación de la Constitución de la República, al habilitar el ingreso de un edil departamental, que fue así proclamado por la Corte Electoral (e investido de su calidad de tal) es sujeto de derecho en el marco del Estatuto del Edil Departamental, así establecido en los arts. 290, 291 y 292 de la Constitución de la República así como disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. Es que, en el caso concreto, el Sr. Raúl Estramil solicita una licencia –que, para nada suspende los derechos, los deberes, las prohibiciones y las incompatibilidades del señor Edil- a efectos de asumir un cargo de particular confianza (secretario de la Junta Local de Santa Lucía) dependiente del Señor Intendente Municipal de Canelones. Por lo que, en buen romance, desde la toma de posesión de su cargo en la Intendencia Municipal ya, automáticamente, lo hace pasible de la sanción constitución relativa a la pérdida inmediata del cargo de edil (art. 292 de la Constitución), sin necesidad de Juicio Político ante el Senado de la República (tal como así lo aconseja el informe jurídico de la Asesoría de esta Junta Departamental); organismo deliberativo que, ha desconocido nuevamente el mandato constitucional. Y que, de cierta forma, habilita ipso facto el ingreso a esta Junta de 4 señores más, a parte de Estramil, que fueron proclamados ediles y que, hoy ocupan cargos en el Ejecutivo Comunal, es el caso de Juan Ripoll, Jorge Repetto, Ricardo Alarcón y Oscar Palacios; de ser así, esta Junta está inconstitucionalmente integrada. En consecuencia, no ocultamos la preocupación sobre el posible advenimiento de reclamos administrativos y judiciales, en resoluciones y decretos, que se teñirán de nulidad por razones de forma, y por tanto serían pasibles de impugnaciones, enderezadas todas en desmedro de las arcas municipales. Por otra parte, se ve con total claridad, que el oficialismo toma el asesoramiento jurídico de los técnicos de este Organismo, cuando se aprecia que, de acuerdo a sus resultancias, se lleva “agua para su molino”; empero, sí el informe es adverso a la suerte oficialista (tal como sucede en este caso), se le desconoce.
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