"La IMC parece ser chinchorro de la comuna capitalina"

            Todo parece indicar que el cuerpo inspectivo de la IMC, fiscalizará el cumplimiento de la ley de empadronamiento, la que ha generado tanta rispidez en el campo de la discusión no sólo política, sino fundamentalmente desde el plano jurídico. Es que, la malhadada ley, ha erigido un procedimiento de fiscalización, plagado de yerros que lo hacen inconstitucional.

             El art. 9 de la ley 18.456, contiene –a nuestro modo de ver- una grave pifia jurídica que, violentaría al art. 12 de la Constitución que establece “Artículo 12.- Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” (es de consignar que, este análisis no pretende confundir con cuestiones o términos que derivan o tienen relación con el derecho penal –léase ‘penado’ como relativo a parte en un proceso judicial-); es que el art. 9 de la ley  establece que: En caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo. Es una pena que el legislador invierta el orden de los procesos y empiece por la ejecución de eventuales resoluciones judiciales. Pena que transfigura la más flagrante violación del orden constitucional, dándoles poderes a los gobiernos departamentales que no les pertenecen, desplazando al Poder Judicial. Ello surge de la mala redacción de dicho artículo: el mismo debió redactarse de la siguiente forma: Las Intendencias podrán iniciar las acciones judiciales que correspondan contra el titular del vehículo infractor, respecto la deuda generada por el incumplimiento del tributo y al retiro de circulación del vehículo de la vía pública. Ni siquiera podría retirarle la matrícula al vehículo, dado que no fue ella autoridad que expidió dicha placa, sino se debería intimar judicialmente a la comuna que permitió transgredir la norma legal ahora vigente, expidiendo aquella a un vecino que no reside, ni se domicilia, en su jurisdicción.

     En definitiva, primero el proceso, luego la ejecución. En este caso, el orden de las cuestiones legales sí altera el producto, volviendo a la norma inconstitucional. 

       No obstante, tal observación técnica que formulamos a la fiscalización –improcedente, por cierto-; no estamos defendiendo el hecho de la emigración de contribuyentes que, tampoco éstos, son responsables de una facultad de política tributaria que descansa en el Señor Intendente Municipal (que no ejerce) y, obedece, a la posibilidad de bajar sensiblemente el costo del impuesto “Patente de Rodados”, sólo él puede hacerlo de acuerdo a derecho.

                 Más allá de todo esto, preocupa de sobremanera, no tanto como la aberración jurídica que implica los procedimientos inconstitucionales dispuestos en el art. 9 de la ley, es la ligazón política que subordina las decisiones de la IMC –que se suponen deberían surgir exclusivamente de la autonomía departamental de Canelones- a las que se adoptan en Montevideo, esto ¿confirma aquello de que nuestra comuna es chinchorro del municipio capitalino? Sinceramente, sería una brutal pérdida de soberanía departamental. La primera intentona fue –en virtud también de la guerra de patentes- la creación de la tasa de circulación, que si la IMM la creaba, Canelones tendría la suya también; pero antes fue, la amenaza de retirar la documentación de los propietarios de vehículos automotores empadronados fuera de la IMC. Y ahora, como el Sindicato (o comité de base) de inspectores de la IMM aprobó la fiscalización así dispuesta por la comuna capitalina, mismo camino tomaría –como siempre- Canelones, es decir: sí la embarcación de gran porte –léase la Intendencia de Montevideo- zarpa a un mar de aguas desconocidas (y bravías) allá va, con su chinchorro a cuestas, obediente y sigilosamente. ¿Hay necesidad de exponerse a eventuales juicios contra la IMC y/o funcionarios que se ven obligados a cumplir con disposiciones harto inconstitucionales? O, ¿sería hora de que Canelones tenga un tratamiento diferencial para el recupero de contribuyentes y estimular –con medidas económicas, no coactivas- el aporte fiscal de sus vecinos en las menguadas arcas canarias? La decisión no deja de ser, política.

Carámbula no pudo con lo que prometió hacer, aún asi pretende volver a la IMC

Quizá sea este el período –post dictadura- en el cual Juanicó, no vio obras de relevancia o de infraestructura realmente importantes, es que, mucho se prometió y realmente poco se hizo.

        Y de lo que se hizo fue gracias al gobierno nacional (véase el mantenimiento de la caminería rural, se realiza con fondos que el MTOP vierte a la comuna), lo mismo que el segundo tramo del alumbrado público en Ruta 5, lo hizo la empresa concesionaria del mantenimiento de dicha ruta; la extensión del alumbrado público por la principal calle de acceso a la planta urbana se concretó gracias a que una importante empresa vitivinícola de la zona, donara más de mil metros de cable, y la Calle San Marcos quedó estupendamente iluminada.

      Lamentablemente, no en todos los pagos de Canelones se puede contar con el patrocinio de privados que financien obras municipales, por ejemplo: para el alumbrado de zonas de El Dorado (Las Piedras), o en balnearios como La Floresta y Costa Azul. Aún permanecen columnas desprovistas de focos y cableado, situación que ostenta un largo par de años.   

      Se prometió hacer a nuevo la calle principal de Juanicó: la avenida San Marcos, desde 2006 se viene escuchando los anuncios de tal obra, pero aún…nada. Sólo nos “salvaría” la manito de algún portentoso empresario que financiara una costosísima pero ya necesaria y urgente obra para Juanicó. Quizá la fortuna o la suerte obren en beneficio del poblado, porque si seguimos esperando por la IMC, sólo se escucharán buenas intenciones y lejanísimas posibilidades de ejecutar la obra. Esperemos equivocarnos nosotros, y que cambie radicalmente el actual tratamiento que se le dedica a Juanicó.

       Así ha transcurrido la denominada “Comuna de la Anunciación”, más conocida como la Comuna Canaria por este gobierno, o como la legalidad de este departamento, conoció siempre con el nombre de Intendencia Municipal de Canelones.  

       Pero hay más. De buenas a primeras –a iniciativa de vaya saber quien, e impulsado por un grupo de instituciones que avalaban o acompañaban el accionar de ediles locales suplentes de la Junta Local de la ciudad de Canelones, e integrantes del FA- se “decidió” no porque el Club propietario del terreno lo solicitara, sino que a alguien se le ocurrió armar un Parque público en un predio privado (cosa que, perfectamente puede hacerse, máxime en una localidad donde no existe una cartera de espacios verdes con función de recreación social), lo que no sería quizá “aconsejable” es montar churrasqueros (de cuyo material también fuera donado por una empresa, la misma que donara el cable del alumbrado), a pocos metros de unas piletas de decantación y oxigenación de aguas del saneamiento –las cuales, a veces, desprenden determinados gases con cierta hediondez-; lo cierto es, que, aún no se ha inaugurado dicho parque, por lo que se aprecia el crecido malezal, y poco uso de los churrasqueros.

    Lo que sí, solicito el Club –ubicado su complejo a metros de la Ruta 5- fue la colaboración para la construcción de nuevos baños y el anhelo histórico, de la Sede propia. De todo esto, la IMC y la Junta Local, ni se han inmutado. Se hizo sí aquello que surgió prácticamente a iniciativa de la Junta: el parque aún no inaugurado.

   También se prometió instalar una oficina administrativa para Juanicó, cosa realmente plausible y bienvenida para la gestión de trámites y solicitar servicios desde la localía; se optó por sujetar la apertura de esta dependencia a la reconstrucción del Gimnasio Juanicó, otra obra anunciada desde 2006 –despertando por temporadas el entusiasmo y la ilusión locales, al noticiarse el avance que nunca llega-, a fin del año que cerramos (2009) se pintó los pisos “recuperables” que da al frente de la ruta 5, quizá ello anuncie la pronta apertura de dicha oficina. ¡Enhorabuena!

     De las calles o de la gestión ambiental de la villa, mejor ni hacer referencia; es que, vialmente se ha bacheado “al boleo” por donde circulan los omnibuses y nada más, las otras van ganando cada vez más un deterioro importante, arruinándose así aquella magnífica obra realizada en 1998.

       En cuanto a la gestión de los espacios verdes y aceras, se había tomado un interesante período de mantenimiento y parquización durante 2007 y 2008; pero el 2009, fue realmente pésimo. Es de consignar que, se mantenía –con el desmalezado- la Estación Juanicó, la Plazoleta Dr. Cándido Juanicó, el frente del Velódromo Omar Moizo, la calle San Marcos, y el Parque del Complejo Juanicó; todos estos espacios han sido abandonados por la IMC. ¿Por qué? ¿Falta de personal? La razón se desconoce.

        Quiera que el próximo Intendente, apruebe aquella iniciativa de que Juanicó debe tener una cuadrilla permanente, formada con funcionarios residentes en la zona, para el mantenimiento de lugares públicos o de interés público, de la comarca. Ciertamente que, al ser una localidad tan pequeña –y con  la colaboración vecinal-, Juanicó podría pasar a ser un verdadero jardín. Pero no, la realidad es totalmente opuesta al pueblo que soñamos, creo que la gran mayoría.

         En fin, todos saben perfectamente cual es nuestro espíritu –máxime si se trata del porvenir de Juanicó-, pero hoy, al pasar raya vemos que el Intendente se fue de la Comuna, debiéndonos las obras que prometió. No obstante, es altamente probable que, con claros fines electorales de su fuerza política, se apure la marcha y se inauguren antes del segundo domingo de mayo, la mayor cantidad de obras posible.

          En realidad, sí las mismas se hacen bien –y no, a las apuradas para “llenar el ojo”-  ¡venturosa sea la población de Juanicó! Ese es el fin que perseguimos antes, hoy y siempre.

          De todas formas, no hemos tenido empacho alguno, en reconocer las buenas intenciones de hacer, demostrado en reuniones, entrevistas, en recibir (más de una vez) proyectos, etc. Pero no podemos seguir alimentando ilusiones que cada vez más son eso, ilusiones y no, proyectos. Porque las ilusiones deben tener un piso sólido donde fundarse, de lo contrario, se desmoronan.

Rindiendo cuentas del quinquenio 2005-2010

Edil Lúquez: confío plenamente en la sensatez de los ediles al votar

           La IMC solicitó a la Junta Departamental de Canelones, la anuencia de precepto para proceder a la destitución de una funcionaria de carrera, que ocupara un alto cargo de confianza política en la anterior administración, por habérsele instruido sendos sumarios administrativos, de los que, ninguno de ellos, (diez en total), configuró –como resultancia- ninguna de las causales previstas en la Constitución de la República para promover la destitución de la referida funcionaria, por tanto, cual quiera acto administrativo que proceda a la remoción de la misma, será un acto inconstitucional. ¿Por qué? Por que, no concurrió en la especie, ni omisión, ni ineptitud, ni  muchos menos: delito, pero, la norma constitucional no habla de cualquier omisión, ineptitud, o delito sino que debe revestir la nota de gravedad.

         La gravedad de la omisión, de la ineptitud, o del delito que amerite el pedido de destitución, obedece a la circunstancia de que afecte el normal funcionamiento de la administración; sin ello, no hay destitución jurídicamente viable.

       El caso de la ex Secretaria General de la IMC, Dra. Marianella Medina (cargo que ocupara en la última administración de Hackenbruch), al igual que los 5 funcionarios destituidos por esta administración y que, desempeñaran funciones en la Dirección Gral. de Hacienda – no existieron jamás fundamentos de peso, y menos de corte jurídico, para proceder en consecuencia. Lo advertimos en Sala en su momento, y ahora, la comuna se enfrenta a una seria y comprometida situación que la pone en el brete de: reintegrar a los funcionarios inconstitucionalmente destituidos y, obviamente –al asistírsele a derecho  a éstos, y no, a la comuna, por parte de la Justicia independiente de este país-. ¿Por qué? Porque se entendió que no había ni delito, ni omisión, tampoco ineptitud grave.

          Símil caso sucede en el que la Junta Departamental se enfrenta, ante el eminente pedido de anuencia para la destitución de referida funcionaria de carrera, donde tampoco concurren en la especie ninguna de las tres causales que estatuye la Constitución de la República. 

          Sin perjuicio de ello, la funcionaria –en virtud de lo dispuesto por los arts. 19 y 69 de la ley 16.713, solicitud de una jubilación por incapacidad-, que tramitara en la IMC a partir del 1º de junio de 2009 en expediente Nº 2009-81-1234-00460 y que, desde el 7 de agosto, se encuentra –vaya saber por que razón- “varado” en la oficina de la Dirección de Recursos Humanos, siendo que el médico certificador de la comuna, habría dado la correspondiente aprobación para habilitar el procedimiento especial de jubilación anticipada.

          Violación al art. 3º y art. 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

Art. 3º “Obligación de no Discriminación -Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Artículo 9º - “Derecho a la Seguridad Social - 1.     Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. …”

      

    No se atiende tampoco, lo establecido en el art. 67 de la Constitución de que:   “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.”

 ¿Por qué jamás se solicitó al BPS, la realización de una Junta Médica, como así lo sugirió la médica certificadora de la comuna? He ahí, otra de las gravísimas fallas, de cuya intencionalidad política es notoriamente manifiesta, no tratando de la misma forma, a quien, le asistiría a derecho una jubilación por enfermedad. ¿Dónde está el cáliz  de sensibilidad humanitaria que las autoridades deberían beber?

          He ahí un gran detalle no menor, ¿por qué un organismo –que debería tratar con celeridad estos casos-  interpone tardanza, lentitud manifiesta a determinados trámites, que son tan sensibles para cualquier ciudadano que tenga un “interés directo, personal y legítimo”? ¿por qué la comuna pretende seguir hurgando en pajares cuyas agujas no logra encontrar? En definitiva, ¿Las hay?

          Creemos que, paulatinamente la Justicia Independiente, va señalando un camino en la dirección contraria al que, esta administración diseñó en su inicio; sería noble por parte de quienes –con bombos y platillos-   anunciaron “la caza” que sus autoridades libraron, violando en sendas conferencias de prensa y entrevista –en este como en otros casos- el principio de carácter reservado de las actuaciones (art. 7 del Reglamento del Procedimiento Disciplinario). En esas instancias, distintos jerarcas no sólo que atentaron contra esta disposición reglamentaria sino que, otra –ya de rango supranacional, originaria de la Convención Americana de Derechos Humanos: “El funcionario municipal sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y se presumirá su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías del debido proceso”; es decir, se violaron estos derechos de tutela constitucional (el derecho a estar protegidos en el goce de su honor, art. 7 de la Constitución) así como el sagrado principio de inocencia.

      Recordamos, asimismo que, ediles del oficialismo, se sumaron a esta embestida; uno de ellos, el edil socialista Washington Gondolveo tuvo que retractarse de sus dichos en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 3º Turno de Canelones, en expediente IUE 459-942/2008; sí el señor edil se sentía asistido de razón, no habría de retractarse judicialmente como así sucedió.

 Otros dos principios que se violaron flagrantemente, fueron: el de razonable duración de los procedimientos, y el de igualdad (art. 8 de la Constitución); véase que, el procedimiento se inicia en noviembre de 2005 y, recién el 23 de octubre de 2008 recae resolución para disponer la instrucción de sumario, que insume todo el año 2009; ello se debe, a una omisión de rendir cuentas sobre un gasto de consumo de agua equivalente a $ 2.300 ¿es grave? ¿implica la destitución? ¿provocó daño a la administración o el desempeño normal de sus funciones? Pero lo grave, lo comete la IMC, al dilatar excesivamente un procedimiento ¿por qué? Violando aquí, una vez más, el art. 66 de la Constitución, que estatuye el debido procedimiento administrativo.

¿Acaso esta administración mide con la misma vara a este tipo de “irregularidades”? Dado que, se han detectado por el Tribunal de Cuentas, la falta de rendición de cuentas –con abultadas cifras- en arqueos realizados durante esta administración ¿se desató algún procedimiento disciplinario? Nones. Por tanto, sí se desencadena por una omisión equivalente a $2.300, ¿por qué no merecer símil tratamiento la falta de rendición de cuentas de sendos funcionarios por un monto equivalente a $ 1:883.597? Entre otras irregularidades, que no vienen al caso referirse, en esta ocasión.

     Pero que, de cierta manera, la lección que nos deja la experiencia de gobernar aquel adagio de que “no mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienes en el propio”, antes.

Conjugar el verbo construir es ser juanicoense

Es inconstitucional la fiscalizacion del empadronamiento foráneo

Sí hay algo que no regula la ley Nº 18.456 (de empadronamiento de vehículos automotores), cosa que –a los efectos del respeto del principio de autonomía de los departamentos- es saludablemente ajustado a derecho, es el contralor o la fiscalización municipal de su cumplimiento: el empadronamiento o re-empadronamiento de vehículos automotores de contribuyentes residentes en el departamento que poseen dichos bienes  muebles empadronados en otras comunas fuera de su domicilio o residencia habitual (art. 24 y siguientes del Código Civil), cosa que sí atiende el texto legal, en su art. 2º especialmente.

Lo que no se debe hacer por parte del cuerpo inspectivo municipal, es –violar la Constitución- y hacer lo que la ley no ordena (art. 10 de la Constitución: “Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”); pues, la norma  especializada en el empadronamiento de vehículos automotores, de cuyo análisis jurídico surge claramente: no dispone que los funcionarios públicos podrán exigir a los habitantes del país que circulen en el territorio del departamento (de jurisdicción municipal para el contralor respectivo) en vehículos empadronados fuera del departamento en cuestión, la documentación (“los papeles de los particulares”, al decir del art. 28 de la Constitución) que acredite la residencia habitual o domicilio del contribuyente. Ni hablemos cuando, un desprevenido funcionario no sólo pida dicha documentación (de cuya inhabilitación legal es palmaria), sino que la retenga se verá en serios problemas al franquear una disposición constitucional que expresamente dice: -esos documentos- “son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”, volvemos al art. 10 de la Lex Magna (principio de libertad) ¡Nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe!.

 

              Además la ley sólo pide al contribuyente (sujeto pasivo) que presente en la Intendencia respectiva (de su residencia habitual o domicilio) la documentación que refiere a: declaración jurada y certificado notarial acreditando el domicilio que configure en el departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente,(art. 3º de la Ley); ahí termina la obligación legal. Sí agrega la norma que: “El certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio particular o laboral del interesado.”  Nada más que eso.

            Sí bien al principio de este análisis se reconoce que la ley respeta el fuero de cada comuna sobre la vigía de sus disposiciones, lo que cada gobierno departamental no debe hacer es violentar el espíritu normativo de la misma, sino que no conforme con ello, llega a transgredir a la propia Constitución de la República, tal como hemos observado.

                 ¿Qué pasa si el Intendente resuelve, o la Junta decreta, una disposición respecto de facultades al cuerpo inspectivo en la dirección contraria a la Constitución y la ley? La respuesta parece obvia y clara: no hay apoyatura jurídica para ello, pudiendo esa norma de derecho departamental ser impugnada mediante un recurso de apelación ante la Cámara de Representantes, art. 303 de la Constitución. Sin perjuicio, de otras disposiciones de tutela constitucional que, podrían ajustarse según las circunstancias de la casuística.

     Por último, el art. 9 de la ley 18.456, contiene –a nuestro modo de ver- una grave pifia jurídica que, violentaría prima facie el art. 12 de la Constitución que establece “Artículo 12.- Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal” (es de consignar que, este análisis no pretende confundir con cuestiones o términos que derivan o tienen relación con el derecho penal –léase ‘penado’ como relativo a parte en un proceso judicial-); este artículo establece que: En caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo. Es una pena que el legislador invierta el orden de los procesos y empiece por la ejecución de eventuales resoluciones judiciales. Pena que transfigura la más flagrante violación del orden constitucional, dándole poderes a los gobiernos departamentales que no les pertenece, desplazando al Poder Judicial. Ello surge de la mala redacción de dicho artículo: el mismo debió redactarse de la siguiente forma: Las Intendencias podrán iniciar las acciones judiciales que correspondan contra el titular del vehículo infractor, respecto la deuda generada por el incumplimiento del tributo y al retiro de circulación del vehículo de la vía pública. Ni siquiera podría retirarle la matrícula al vehículo, dado que no fue ella autoridad que expidió dicha placa, sino se debería intimar judicialmente a la comuna que permitió transgredir la norma legal ahora vigente, expidiendo aquella a un vecino que no reside, ni se domicilia, en su jurisdicción.

     En definitiva, primero el proceso, luego la ejecución. En este caso, el orden de las cuestiones legales sí altera el producto, volviendo a la norma inconstitucional. 

 

Dr. Fernando Lúquez Cilintano

Edil departamental – Partido Nacional

Canelones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

 

   Artículo 10.- Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.

 

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

 

 

Artículo 24.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección.

 

Artículo 28.- Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

 

Artículo 297.- Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos:

6º) Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte.

 

Artículo 303.- Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento. En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo.

 

Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.

 

La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios, quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.

 

El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.

 

 

                                             LEY Nº 18.456

                  (EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS)

 

Artículo 3º.- Los sujetos pasivos del tributo presentarán en la Intendencia pertinente declaración jurada y certificado notarial acreditando el domicilio que configure en el departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente. El certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio particular o laboral del interesado.

Artículo 9º.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el artículo anterior, y no habiendo el contribuyente procedido a regularizar su situación, las Intendencias que constaten tales irregularidades quedarán habilitadas para aplicar las sanciones correspondientes. En caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo.

 

Debemos aprender a hablar en 'Clave de Canelones'

El edil departamental Dr. Fernando Lúquez (Partido Nacional) dijo ¡debemos aprender a hablar en 'Clave de Canelones', durante una reunión de dirigentes de su agrupación, y agregó: “Sinceramente sí me preguntan ¿Usted Lúquez, va a ser candidato a edil departamental?, contesto: No, pero tambien agrego que sólo, en la circunstancia –hoy, algo esquiva- en la que todos los partidos -en especial el Frente Amplio- aprenda a dialogar con la oposición, como decimos nosotros: “en Clave de Canelones”, ahí revisaría mi actual postura.

                         Sí me piden argumentos, con gusto los expondré: primero, fuimos nosotros quien, generosos con Canelones, ofrecimos decenas de proyectos legislativos y otras tantísimas iniciativas en los primeros años de esta legislatura, hasta que, vimos –con desazón- que para el partido de gobierno ‘nada le venía bien’ si nosotros decimos ‘blanco’ ellos retrucan con ‘negro’ y, cuando, uno asevera que algo es ‘negro’ cambian, de parecer, apostando que tal cosa mutó de color. Pero el desconcierto es mayor, cuando en Sala o en las Comisiones Asesoras de la Junta, se dice una cosa y, afuera –en los corrillos de la misma- se dice: ‘Che fulano tenías razón pero, no te la podemos llevar…’ Entonces, cuando se le advierte a la ciudadanía –a través de los medios- que la oposición no trabaja o es irresponsable, podemos sostener –con cívica tranquilidad- que, por el contrario este Partido ha sido lineal con una histórica vocación de servicio: aún en la oposición sabemos gobernar, con ideas y contralor.

              Segundo,  es una pena que las ideas jamás fueron ponderadas por la bondad de las mismas, sino que, jamás se tuvo el bien de estudiarlas; tengo la sospecha que sólo  leían al final del proyecto, para individualizar quien o quienes lo rubricaban como autores del mismo. ‘Sí es un blanco, al tacho…’ Esa suerte tuvieron varios de nuestras iniciativas: la referente a la Discapacidad, fue la más emblemática; pero hubo más: la creación de la Guardia Forestal, normas sobre el Turismo Rural, el Nomenclátor de calles, sobre la Contaminación Acústica, o la Tenencia de Animales Domésticos, sobre la Transferencia Municipal de Vehículos Automotores,  la Descentralización Turística, entre otras.

                  Por ello, la necesidad de articular el diálogo necesario que, sí es posible explorar algún grado de co-participación en el próximo gobierno municipal de la oposición, sea cual fuere el Intendente que elija Canelones; donde se permita lo que en este período no se logró: forjar verdaderas políticas departamentales que redunden en beneficio de toda la sociedad. Por ejemplo, este Gobierno ha exonerado, quizá hasta en exceso, cientos de padrones del impuesto Contribución Inmobiliaria, de forma aritmética y con un enfoque territorial: ocho de cada diez exoneraciones que el Intendente propuso a la Junta Departamental, provenían de Ciudad de la Costa o balnearios de la Costa Oro. Jamás se supo, cual fue el móvil político que impulsó al Intendente para beneficiar de esa forma territorialmente tan desproporcional e inequitativa.

              Y tercero,   ese necesario diálogo,  permitirá armonizar al Gobierno todo (oficialismo y oposición) hablando en clave de Departamento –por encima de partidos y sectores- dando a la Intendencia el contralor, por ejemplo, del Contador Municipal (al que no se pudo designar en este período), la creación del Ombudsman (Defensor del Vecino),  la integración de las Juntas Locales erigiendo a la representatividad política de acuerdo a las mayorías locales y, hasta la defensa de los intereses departamentales o de la autonomía de Canelones, en el relacionamiento con otras comunas,  en el Congreso de Intendentes o bregando por los derechos de nuestro departamento frente al Gobierno Central, en materia presupuestal u otras áreas del planeamiento público.

                Luego agregó: “Canelones debe dejar de ser el departamento depósito o usina de Montevideo, tampoco su patio trasero, ni siquiera chinchorro del coche del Intendente montevideano de turno. Que la zona metropolitana no sea un anillo marginal de Montevideo, sino un fenómeno demográfico que, desde la articulación convergente de políticas nacionales de desarrollo (OSE y el saneamiento por ejemplo para Las Piedras, Progreso y las Villas, o el MVOTMA con políticas de soluciones habitacionales que permitan gradualmente reducir el número de asentimientos irregulares), no se aprecie a esta densa zona como una “región dormitorio”.  Que se permita, abaratar de forma sensible, el costo del impuesto Patente de Rodado y así, desencadenar el regreso voluntario de contribuyentes a un Canelones que expulsa, por tener la patente más cara del país.

 

 

                 En cuanto a la interna blanca el edil Lúquez manifestó que: “…sería saludable para el partido, pero por sobre todo, a Canelones más de una candidatura, que logre abarcar a todo el espectro partidario; de lo contrario, y si el nacionalismo se dirige hacia una candidatura única, allá iremos…es que, la unidad que ostentamos permitirá mostrarle a Canelones que, los blancos podemos  darle al departamento un equipo eficiente en materia municipal, tanto como departamental; capaz de articular las políticas locales con las departamentales, para el desarrollo y la producción, y la mejor llegada de los servicios públicos al vecino: transporte, vialidad y alumbrado público, recolección y tratamiento de residuos, etc. Creo que, el Partido Nacional es el que ofrece mayor cantidad de candidatos a la Intendencia, jóvenes (entre 35 y 42 años); con lo que ello implica: encare moderno de gestión, ágil y eficaz a la hora de resolver los más disímiles temas de Canelones. Un ejemplo de ello, es la no resolución del tema “incendios” en la Costa en cada temporada estival, o la ineficaz normativa en materia ferias vecinales del departamento, que deberá ser sometida a una nueva reforma de alguno de sus aspectos fundamentales: la percepción regular de los tributos generando una nueva modalidad fiscal –que deberíamos afrontar con el Estado, precisamente con MTSS, BPS y DGI- sin asfixiar al feriante, ni mucho menos burocratizar.  No es posible dar facultades al contribuyente que le son propias a la Administración, y menos, con cuestiones de carácter económico o comercial.  

             Por último agregó: “No se que resolverá, en definitiva la Convención Departamental, si uno, dos o tres, candidatos…todo parece indicar que será uno solo, sonando fuerte el nombre del diputado  Luis A. Lacalle Pou, pero nada está cerrado aún. Porque, por fortuna política, los blancos tenemos muy buenos candidatos que ofrecer. En cuanto al equipo del diputado Alberto Perdomo, creo que ostenta de contenido programático con vocación municipal pero reconoce que es un desafío enorme para la lista 2010 empardar a un Perdomo que estaba preparado para una exitosa gestión municipal, antes de su quebranto de salud. El resto lo deberemos poner nosotros, individual o colectivamente, siendo o no, candidato a edil; cosa que deberá resolver nuestra agrupación.

Feliz Navidad!!!

Que la calidez de aquel pesebre, dé humildad al mundo para reencontrarse consigo mismo.

Que la Santa Paz de Aquella Noche nos envuelva en este tiempo de turbulencias, consternación y desesperanza.

 Y que el Niño Dios llegue en cada Pesebre que hoy, cada corazón cristiano alberga; viviendo esa irrepetible y única experiencia del reencuentro con el Señor.

Que su alojamiento en nosotros, permita nutrirnos de la suficiente fuerza, convicción y esperanza para  promover los valores que deben sustentar a una mejor sociedad.

Por ello,

                Feliz Navidad!!!

Juanicó podría quedarse sin Municipio

En diciembre de 2005, el edil departamental Fernando Lúquez, presentaba en la Junta una minuta de aspiración elevada al Sr. Intendente para que considerara la creación de una Junta Local en Juanicó. Cinco meses más tarde, se realiza una “gran movida” a nivel institucional y vecinal en la zona, donde más de 1340 vecinos se presentaban en nota, ante el Intendente Municipal, para que se preservara la unidad territorial de nuestra comarca y la creación de una Junta Local para la misma. Así es que, el 2 de junio de 2006, el Intendente Carámbula recibe a una delegación de vecinos, quien se compromete en la siguiente dirección: 1º). “que se va a respetar la jurisdicción de la zona de Juanicó, como ha sido históricamente y 2º). Que se va a instalar a la brevedad una Oficina Comunal, donde se podrán realizar los trámites pertinentes a la Comuna Canaria” (nota realizada por Semanario PROGRESO AL DÍA, Edición Nº 578 del 10 de junio de 2006).

                     Dicha oficina aún no se ha instalado en Juanicó ¿por falta de locales o ausencia de voluntad política? La primera circunstancia no fue obstáculo para la concreción de dicha Oficina, porque como se señala en la nota de PROGRESO AL DÍA: “Cabe destacar que directivos del Club Ciclista Juanicó ofrecieron la posibilidad de que la Oficina Comunal se pueda ubicar en sus instalaciones, sin costo alguno para la comuna. Y sigue: “Esto fue de recibo por parte de Carámbula, quien también se refirió a que el lugar natural por su ubicación estratégica en un futuro sería el Gimnasio Juanicó…”

                    En buen romance, no se tiene aún Oficina Administrativa porque no se  instaló en otro lugar (de forma provisoria, aunque sea), por ejemplo en el Club Ciclista Juanicó. Sin embargo, este tema instrumental ha sido superado gracias a la paciencia de la comunidad beneficiaria; es que, al fin, por estas semanas la IMC se abocó a las obras de refacción de los pisos de alto del Gimnasio Juanicó, para –posiblemente en pocas semanas- instalar dicha Oficina.   

           

 

                      Asimismo, en el ámbito de la descentralización política en Juanicó como dice el medio de prensa, dice: “Con relación a la instalación de una Junta Local, prefirió no prometer nada, aunque en el transcurso de la conversación dejó abierta la posibilidad de que se pueda concretar en un futuro cercano.”  A este respecto, el Intendente dijo: “lo de la Junta Local lo tenemos pero más para adelante” (sic), así está subtitulado en dicho semanario.

                          Ahora bien, el tiempo de la Administración Carámbula fenece ¿para cuando es el momento del “más para adelante” del Intendente? A esta apreciación se suma las recientes declaraciones en Enfoques Canelones de CX 157 Radio Canelones del Lic. Abel Oroño (Descentralización de la IMC), al ser preguntado sobre sí Juanicó tendría su Junta Local o Municipio, dijo: “en algún momento sí…” (descartando, según se desprende de sus dichos, la creación de un Municipio para Juanicó para un futuro cercano). Luego dice, algo que es demasiado importante y refiere a: “en Juanicó hay dificultades en términos de ‘construcción de ciudadanía’ muy significativo”. ¿Qué se entiende por construir ciudadanía? ¿Acaso en Juanicó no hay ciudadanos? Creemos que, la misma se construye desde que este país consagra su autonomía política y administrativa desde que se jura la primera Constitución Nacional (1830), desde ese tiempo se viene construyendo ciudadanía, estimado Licenciado Oroño.

                        De modo que, seamos claros: no se está teniendo –por parte de las autoridades departamentales- el más mínimo grado de interés por: primero, corregir las jurisdicciones electorales –que nada tiene que ver, a la hora de crear un nuevo Municipio, así lo establece la Ley 18.567-, y, segundo en darle a Juanicó, con sus más de 3.000 habitantes en un radio de 160 km2 (que coincide con esa unidad territorial de un común origen histórico que asciende a 1762, según el proceso dominial de tierras), el grado de descentralización política que permita un mejor desarrollo local. Es que, precisamente, debe consagrarse aquello que, buena parte de los recursos fiscales generados a través de tributos de origen departamental (o nacional con destino departamental, en el caso del impuesto contribución inmobiliaria rural) de cuya incidencia radican en el territorio de Juanicó.

                     Más simple, ¿por qué lo recaudado por la Intendencia en la zona, no se vuelca en obras desde un presupuesto descentralizado y local? Sea esto, poco o mucho, pero de justicia municipal.

                     Es lo que esta zona, en definitiva, reclama: descentralización que es, acercar el gobierno a la ciudadanía y, generar una ruta propia del destino municipal para la comarca; cosa esta última que, permitirá afianzar esa “unidad territorial y cultural” (art. 1º de la Ley 18.567) hendida en los tiempos de aquella Provincia Oriental y, permanecería a través de esta misma serie cívica que la Corte Electoral ha dado a la región, coincidiendo actualmente con la extensión de la Estancia (1830) de la familia que le diera nombre a esta comarca a partir de la designación de la Estación de Ferrocarriles, en el año de 1888: Juanicó.

        Esa unidad se fue consolidando aún más, desde el ámbito cultural ya sea con instalación de la primera escuela pública de la zona (1879) y los otros cuatro centro escolares, la creación del Club Atlético Juanicó (1923) generó aún más, entorno a la pasión que despierta el fútbol, otro arraigo cultural para la extensa zona vinculado a la confraternidad deportiva e identidad de su pertenencia a través de los colores de su casaca.

       Podemos ciertamente, abundar con más argumentos que se adecuan al espíritu de la nueva ley para la descentralización, que hecha por tierra el criterio político dado por el Lic. Oroño, y ante la ausencia del compromiso de su fuerza política (Frente Amplio) habría asumido a nivel local para que en el próximo período de gobierno, Juanicó tuviera su Junta o Municipio. Sumado esto, en la expresión del “más para adelante” del

Intendente Carámbula. Vemos con claridad, que bajo estas circunstancias, Juanicó no tendría lo que merece en el próximo período.

         Aunque tenga apoyo legal su creación (art. 1º y 16 de la Ley 18.567): “Cada Municipio tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su circunscripción territorial urbana y suburbana deberá conformar una unidad, con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de una estructura política y que faciliten la participación ciudadana” (artículo 1º inc. 2º).   El 15% (quince por ciento) de los ciudadanos inscriptos en una localidad o circunscripción tendrá el derecho de iniciativa ante el Gobierno Departamental en los asuntos de su competencia, incluida la iniciativa para constituirse en Municipio.

En este caso la Junta Departamental, a iniciativa del Intendente, podrá disponer la creación del Municipio respectivo, aunque se trate de una población de menos de 2.000 habitantes.”  (art. 16 de la ley 18.567)

    A este respecto, Juanicó ya se expresó a través de 1.340 voluntades (junio 2006), esto es casi una tercera parte de la población local; ahora, el Intendente es quien debe ahora “mover o no, la pelota” –de cara a esta transformación político-institucional- salvo que, se quiera seguir tratando a esta región de intenso desarrollo productivo, cultural y hasta turístico para el departamento como sí fuera un barrio o apéndice de nuestra querida capital departamental.

Cambio climático: la necesidad de encarar políticas municipales en Canelones

Economía, turismo, salud (humana y animal), hasta urbanismo, son, algunas de las aristas de la vida departamental que, de una forma u otra han sido afectadas por el cambio climático que sufre nuestro país, y obviamente, nuestro departamento.

Sequías, inundaciones, formación de heladas, tormentas de perfil subtropical, turbonadas, son algunos de los fenómenos metereológicos que denotan esta situación global, generadora de no sólo de grandes perjuicios.

A tales efectos, el gobierno ha creado una Comisión Nacional sobre el Cambio Global; nosotros creemos que es necesario implementar una de su especie, en el ámbito del gobierno de Canelones. Acompañado esto, de las necesarias partidas presupuestales que, el próximo gobierno debería asignar para preparar y afrontar, planes y programas que prevengan situaciones de agravamiento del fenómeno en los distintos planes de la vida departamental.

Sabedores de las apoyaturas, emergentes de la cooperación internacional, (PNUD – Naciones Unidas) que, nuestro gobierno departamental obtendría para encarar este tema de gran vigencia no sólo nacional, sino mundial; es que, debería corresponderse con esos compromisos supranacionales dándole la institucionalidad necesaria, desde el plano local.

             Uso, manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos, aptitud agronómica del suelo (fenómeno de la erosión en la zona centro-norte de Canelones), disponibilidad media de agua, incidencia del fenómeno en cultivos; uso, manejo y aprovechamiento de agrotóxicos en la producción (su impacto en el medio ambiente). La necesidad de realizar un censo agropecuario, observando de manera integral el fenómeno, haciendo el énfasis en el impacto productivo-ambiental.

               En definitiva, hay mucha tela por cortar, y éste, debe ser un tema donde todos los partidos políticos deben converger en la adopción de medidas (legislativas y administrativas), que procuren la limitación de los efectos de este nuevo tiempo climático que estamos viviendo. En nuestro caso, estaremos promoviendo –junto a técnicos- el abordaje de este tema, para brindarle al próximo gobierno departamental,  alguna de las soluciones programáticas a desarrollar.

Hay que salir al Sol!

Provechoso intercambio de ideas sobre Escuela de Gobierno

A continuación, transcribimos la versión taquigráfica de la Sesión de la Comisión de Asuntos Legales de la Junta Departamental de Canelones, donde se trata el tema "Creación de la Escuela de Gobierno":

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes, señor Edil Lúquez. Agradecemos su presencia.
         Está siendo recibido en esta Comisión en función de un planteo que realizó en el Plenario de la Junta. 
         Le trasmito que la Comisión ha votado un régimen de trabajo que, en principio, consta de veinte minutos para que usted exponga, pero como es costumbre, si es necesario prorrogar ese tiempo, así se hará.
 Agradecemos nuevamente su visita. Tiene la palabra.
SEÑOR LÚQUEZ.- Señor Presidente: muchas gracias. Saludo a esta Comisión de Asuntos Legales e Internos de la Junta Departamental. Es un placer estar por primera vez en esta Legislatura entre ustedes.
 Efectivamente, en sesiones pasadas, en una intervención que realizamos en la Media Hora Previa, esbozábamos una iniciativa innovadora para el Gobierno departamental de Canelones, sin perjuicio de que en el Derecho Comparado Municipal otros gobiernos, otros municipios, han instaurado esta iniciativa, que es la creación de una escuela de gobierno.
         La Administración Central, el actual Gobierno nacional, ha creado una  institución similar con la intención de capacitar a los actores públicos y sociales que tienen representación política, ya sea en ámbitos departamentales o a nivel nacional.
 Ustedes recordarán que en sucesivos períodos legislativos de esta Corporación, y en diversas presidencias, se ha impulsado la iniciativa de jerarquizar la función del legislador departamental en su estatuto jurídico, regulado por la legislación vigente:  Ley Orgánica Municipal Nº9.515, de octubre de 1935; artículos 262 y siguientes de la Constitución de la República, en el capítulo de la Hacienda Pública, etcétera.
 Nosotros venimos con una experiencia no política, sino técnica, de la mano de la Facultad de Derecho. Quienes ejercemos el Derecho hemos quedado en el debe en la formación de una materia que es Derecho Municipal. Lo que tenemos, básicamente, es Derecho Positivo, Legislación, que es el estudio de la ley matriz –que es la Nº9.515– y la normativa a la que hacía referencia de la Constitución nacional vigente. Sin perjuicio de eso, hay distintas áreas o técnicas, como la retórica, la oratoria, la técnica legislativa, el Derecho Legislativo, en las que sería dable –obviamente, estamos en el ocaso de esta legislatura, pero alistándonos para la próxima– capacitar tanto a los Ediles departamentales como a los candidatos a integrar la Junta Departamental de Canelones en el próximo período. Esto se haría con un convenio macro con la Universidad Mayor de la República –obviamente a través de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales–, o con algún organismo privado que se dedique a la capacitación de actores públicos.
         Este tema, señor Presidente, tiene un superlativo interés. Como dije en su momento en la exposición, se trata de capacitar y de jerarquizar al Edil departamental en sus dos funciones públicas, que como ustedes sabrán, son la de legislar y la de controlar al Ejecutivo comunal. ¿Por qué? Porque hemos visto –y lo decimos con total sinceridad, ya que así nos hemos manejado en nuestra actividad pública, con la vocación de servir al departamento y a nuestra sociedad– cierto desconocimiento del Derecho Positivo que regula la función del Edil departamental, máxime cuando se jerarquiza el tercer nivel de gobierno, a través de la integración --en buena hora-- de las juntas locales. Se desdibujó un poco esa caudillesca imagen del Edil departamental que hacía las veces de vaso comunicante entre las necesidades del poblado, de la región o del departamento con el señor Intendente Municipal o las direcciones generales.
          Obviamente que esa no era la función del edil departamental, sino una atribución, ya que la legislación de 1935, al crear la figura del edil local y la Junta Local, jerarquizaba lo municipal  distinguiéndolo  de lo departamental, que es lo que atañe a nuestra función. 
 Sinceramente, señor Presidente, lo hacemos con el afán positivo de construir más y mejor ciudadanía a la hora del ejercicio de la representación política; en el entendido que han sido contadas las veces que desde esa Junta Departamental nos hemos erigido motu proprio como legisladores,  a la hora de presentar diversos proyectos que hablen, a las claras, de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de nuestro departamento. Y es dable poder promover esto para la próxima legislatura, como así ha sucedido en el gobierno departamental de Maldonado. Recientemente se creó una escuela de ediles, que se está dedicando básicamente a la capitación de ediles, no tanto ya en el Derecho Positivo que es de rigor conocerlo, sino de determinadas técnicas para poder contar con las herramientas básicas a la hora de legislar y de establecer distintos mecanismos que hacen al contralor municipal por parte de los ediles.        
 No tengo más para agregar; lo que expresé es la idea medular. Obviamente que con la contribución de las bancadas representadas en esta Comisión sería bueno “pulir” la idea, y darle una señal clara a la ciudadanía de Canelones a la hora de capacitar a nuestro legislador departamental.             
SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecemos y pasamos a la etapa de preguntas por parte de los señores Ediles.                  
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Señor Presidente: la primera pregunta que me surge es si el señor Edil presentó el proyecto que manifestó  que iba a presentar por Mesa de Entrada  para que tuviéramos conocimiento y pudiéramos estudiarlo.                
SEÑOR LÚQUEZ.- Estamos en el debe en ese sentido. Es de notorio conocimiento los tiempos álgidos que vive nuestra ciudadanía,   por ser época electoral, pero en esta semana presentaremos la minuta de aspiración --no es otra cosa que eso--. Las expresiones que vertimos en Sala dieron impulso a  la formación de la carpeta,  a la cual vamos a estar agregando formalmente la iniciativa para que esta Comisión  la estudie y luego el Plenario apruebe o deseche.    
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Quisiera saber  si el proyecto viene en el mismo sentido de lo que es la escuela de Maldonado, que ya comenzó a funcionar. No sé si usted la conoce. Tengo entendido que en dicha escuela las clases, por decirlo de alguna manera, ya comenzaron  la semana pasada. El ingreso es abierto, o sea, es para futuros ediles. Y mi pregunta es si sabe qué organismo es el que esta llevando adelante la escuela, si es una ONG, y las características que tiene.         
SEÑOR LÚQUEZ.- Quiero hacer dos apreciaciones. En lo particular  esbozamos esta iniciativa  a la hora de una circunstancia fáctica  que se dio en la Comisión Permanente Nº 10, Asuntos Sociales,  en la que un señor Edil del oficialismo desconocía la función  del edil, la que está estatuida en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica Municipal. En ese sentido nosotros, por no tomar otros mecanismos que podrían haber procedido en esa instancia,  apostamos a ir por la positiva, en el sentido  de hacer el anuncio en Sala de la presentación de esta iniciativa.
 Consideramos que la iniciativa fernandina, la que se está instalando en estos días, fue a posteriori de  la nuestra, y no tenemos  conocimiento de cómo se está implementando.    Creemos que Canelones tiene que seguir un camino propio, buscando innovación mediante los distintos mecanismos  de cooperación institucional que este Gobierno  se ha dado con la Administración Central   y con la Universidad de la República.
         Recuerdo que en anteriores períodos   --no recuerdo si fue durante la Presidencia del Edil Javier Rodríguez o a posteriori--  hubo contactos con la  Universidad de la República   en ese sentido. Y bajo la Presidencia de la Edila Cristina Castro se formó una Comisión, la cual tuve el honor de integrar junto con el Edil Diego Varela en representación del Partido Nacional. Dicha  Comisión, lamentablemente, no ha vuelto a ser convocada. Refiere al relacionamiento de los distintos ámbitos que hacen a esta Corporación,  y hay una materia que es jerarquización y capacitación para  la función  pública del edil departamental. Este es un tema que está en el debe en esta legislatura y, reitero, venimos con el propósito superior de obrar en consecuencia, yendo por la positiva.
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Si no entendí mal, su proyecto es diferente al de Maldonado; proyecto que nosotros tenemos, aunque no lo trajimos porque todavía no tenemos con qué compararlo.
         Usted desarrolló en su intervención, incluso en su exposición en el Plenario,  que es en el afán de construir más ciudadanía y jerarquizar la función del Edil. Lo que no entendí   de sus palabras en el Plenario, y me gustaría que lo aclarara, es qué tiene que ver el espíritu de lo que usted planteaba con el hecho de que la versión taquigráfica de su exposición fuera a los medios de prensa porque, en definitiva, es algo para tratar internamente y no para hacer publicidad.                                                                      

(Dialogados)

SEÑOR LÚQUEZ.- Con acierto el señor Edil Gustavo Silva preguntaba cuál era el porqué  con respecto al hecho de que apeláramos al legítimo derecho que todo representante público tiene, en ocasión de manifestarse durante las Exposiciones Verbales o la Media Hora Previa, de solicitar que se remitan sus palabras a cada uno de los medios de prensa acreditados ante esta Corporación. ¿Por qué? Porque somos representantes públicos. Yo no me debo solamente a la ciudadanía blanca o a la de otro partido, sino a la ciudadanía de Canelones. Por lo tanto, consideramos pertinente darle una señal clara a la sociedad del departamento, a través de los medios de comunicación, sobre cuál era el rumbo que estaban tomando los señores legisladores, en caso de tener a bien hacer suya esta iniciativa.
 Ese era el fin que perseguíamos al solicitar la remisión de lo expresado a los medios de prensa, como es habitual y de sana costumbre  por parte de los Ediles de esta Junta Departamental con respecto a los temas que se plantean en esas instancias previas de cada sesión ordinaria.
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Quisiera formularle otra pregunta. ¿Usted se olvidó de traer el proyecto, o no lo tiene pronto?
SEÑOR LÚQUEZ.- En esta ocasión estoy accediendo, con gusto, a la invitación que me cursara la Comisión, a través de un fax que se enviara a mi domicilio. Por medio  de una resolución se me solicitó que hiciera hoy la presentación formal del tema. Ello lo estaré haciendo en los próximos días; pierda cuidado.
SEÑOR MUNIZ.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Muniz.
SEÑOR MUNIZ.- Señor Presidente: más allá del tono un tanto jocoso que, antes de comenzar la sesión de la Comisión, algunos le diéramos a ciertos temas que hemos tratado, quiero aclararle al conjunto de los Ediles presentes que el señor Edil ha asistido como invitado para hacer una exposición sobre un proyecto; no está siendo cuestionado, y muchos menos interpelado.
         En tal sentido, se han formulado un par de preguntas que no me parece sean acordes con lo que es esta Comisión ni con el motivo por el cual fuera invitado el señor Edil Lúquez. De manera que, si ese va a seguir siendo el tenor de las preguntas,  nos vamos a retirar, amablemente, porque no estamos dispuestos a que un señor Edil sea interpelado cuando ha venido a colaborar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Edil Gustavo Silva.
SEÑOR SILVA (Gustado).- Formulé esa pregunta porque iba en el sentido que decía el señor Edil Muniz, el de la colaboración.
 Como ya hay otros proyectos, que incluso se están llevando a cabo, la pregunta  iba en ese sentido. Formulé esa pregunta porque cuando el señor Edil se presenta manifiesta que no había traído el proyecto…
SEÑOR LÚQUEZ.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Con gusto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Edil Luquez.
SEÑOR LÚQUEZ.- Señor Presidente: quisiera que por parte de Secretaría se leyera la resolución por la cual fui convocado, a los efectos de ilustrar al señor Edil Gustavo Silva y al resto de la Comisión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por Secretaría se dará lectura a la convocatoria.

(Se lee: )

SEÑORA SECRETARIA (Mª Elena Lasa).- Esa nota es de fecha 29 de septiembre. Posteriormente, el 3 de noviembre, se reitera la invitación. Esto fue de manera personal y firma el señor Edil Luquez.
 
(Lee: )

SEÑOR LÚQUEZ.- Continuando con el derecho de interrupción, simplemente quiero decir que me parece que con la sola lectura de lo resuelto por la Comisión quedó más que claro que la finalidad de esta convocatoria –a la cual gustosamente accedimos y lo haremos ante cada tema para el que esta Comisión u otras  requieran nuestra presencia--  es a los efectos de continuar con el estudio de la carpeta en cuestión. No obstante, en próximos días, a más tardar el próximo viernes –y este es un autoemplazamiento —se presentará la iniciativa a través de Mesa de Entrada. Y pido disculpas por la tardanza.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Edil Gustavo Silva.
SEÑOR SILVA (Gustavo).- A los efectos de que lo sepa el señor Edil Lúquez, queremos manifestar que este tema  fue tratado por esta Comisión antes de convocarlo. En la oportunidad, compañeros de nuestra bancada fundamentaron con fuerza  la importancia del tema. De manera que estamos dándole la importancia que el tema merece. Lo que queríamos hacer, simplemente, era formular algunas consultas y aclaraciones que nos parecían pertinentes.
 El hecho de preguntarle si había olvidado traer el proyecto o… era con la intención de que, en caso de que no tuviera nada elaborado, plantearle si se podía complementar con lo que es la escuela de Maldonado. Ahora, si nos decía que ya lo había realizado, bueno… Esto no es una pregunta porque  lo que pregunté ya me lo respondió.
 Es más, formulé la pregunta porque durante su exposición manifestó que en los próximos días lo presentaría a través de Mesa de Entrada. Entonces sobreentendimos que el proyecto estaba realizado. Por esa razón formulé la pregunta, no fue para interpelarlo ni para hacerlo sentir mal…
SEÑOR LÚQUEZ.- En absoluto.
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Reitero, compañeros de nuestra bancada fundamentaron sobre la importancia de este tipo de escuelas. Compartimos lo necesarias que son y lo buenas y beneficiosas que serían para todos. Quizá  --como lo dijera el Edil Luquez—sea un poco tarde porque, como se está haciendo en Maldonado, es algo que debe apuntar a los futuros Ediles. Incluso debe ser algo abierto y no apuntar solamente a los que aspiran a ser candidatos a Ediles, sino a toda la ciudadanía, porque es bueno que la gente se comprometa con la política y entienda la función del Edil.
 En concreto, ese era el espíritu de la pregunta.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Ante todo agradecemos la presencia del colega Edil, doctor Fernando Luquez, con quien nos une un profundo aprecio desde que nos conocimos en esta Junta Departamental. De manera que va a tener que disculpar los comentarios, pero usted sabe que los ámbitos políticos son así; a veces no es tan sencillo realizar una pregunta sin hacer un prólogo.
 En realidad, nuestra duda tenía que ver con la pregunta que formulara el señor Edil Gustavo Silva, en cuanto a si usted tenía o no un proyecto. Pero ello no era ni para emplazarlo ni para decir que tal iniciativa ya se estaba desarrollando en otro lado. Simplemente existió una decisión política de la bancada, que consistió en convocarlo para considerar la opinión de alguien que se maneja dentro de las esferas del Derecho, y que además es un colega, independientemente del  sector político al que pertenezca.
         Más allá de eso, hay una resolución política previa que se incluye en nuestro primer Presupuesto, en el que la capacitación de los Ediles tenía una dotación presupuestal. Incluso tuvimos la potestad –teniendo las mayorías– de imponer un determinado tipo de capacitación, que podía ser un modelo propio de la izquierda, pero no se hizo por varios motivos. No voy a decir que fue por intentar no avasallar a la oposición; simplemente no se dieron los tiempos políticos, o fuimos omisos en la tarea.
         Nos interesaba saber si se trataba de una reedición de lo que se está haciendo en Maldonado; a la hora de tener que cotejar el proyecto, saber eso nos parecía importante.
         Si alguna de las consultas que hizo el señor Edil le pareció incómoda, le pedimos disculpas en nombre de la bancada porque no era esa la intención. El propósito es jerarquizar el tema, y creemos que si hay un profesional del Derecho dentro del Cuerpo, aunque no pertenezca a nuestras filas, es pertinente consultarlo, dado que además fue iniciativa suya. Esa es la jerarquía que le dio nuestra bancada a su comparecencia ante esta Comisión. Por eso se hacía la pregunta. Me parece que vale la pena aclararlo; y como después pueden interpretarse malas intenciones,  ya que estamos presentes quienes podemos esclarecer nuestros propósitos, nos parecía que era pertinente hacerlo.
         La duda que teníamos se evacuó a través la consulta del señor Edil y en su respuesta, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es agradecer su presencia.
SEÑOR LÚQUEZ.- No pretendo abusar de vuestro tiempo, señor Presidente, pero voy a hacer dos consideraciones finales.
         Sin ánimo de entrar en retórica ni en debate con los señores Ediles del oficialismo, a quienes agradezco las preguntas formuladas, y hablando en clave política, considero que nuestro partido, el Partido Nacional, tampoco es ajeno a esta situación, que habla a las claras de democratizar aun más las instituciones públicas del gobierno de Canelones. Con ese sentido hemos actuado a la hora de exponer esta preocupación, en su momento compartida en Sala. Esta semana vamos a estar presentando formalmente la iniciativa respectiva.
         Quiero dejar meridianamente claro que en ningún momento hemos sentido malestar por alguna de las capciosas preguntas que el señor Edil Gustavo Silva haya formulado con otras intenciones.
         Nos consta que quizá hemos llegado tarde con esta iniciativa, tal vez porque no hubo impulso previo del oficialismo, pero con la vocación constructiva que caracteriza al Partido Nacional hemos visto la necesidad de instalar este tema en el seno de la Corporación Es plausible ver cómo podemos, en cierta manera, en estos tiempos harto   complejos que vive Uruguay, que vive Canelones, sentarnos juntos en torno a una mesa para considerar el tema, en momentos en los que la figura del Edil departamental, el instituto del legislador comunal, se ha visto mancillado en nuestro departamento a raíz de circunstancias que son de público conocimiento.
          La capacitación es un tema que está en el debe del gobierno de Canelones, y me refiero a la institución, no al gobierno del turno; todos debemos ponerlo en la agenda de la próxima Administración y de la próxima Legislatura departamental.
 Es todo cuanto tengo para expresar en esta oportunidad. Estaré nuevamente en esta Comisión cuando les parezca pertinente, invitación a la que accederé gustosamente.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señor Presidente: discúlpeme porque me olvidé de hacer algunas precisiones que me parecen pertinentes.
         En primer lugar, nosotros tomamos esto con seriedad,  a tales extremos  que como convocamos a un colega Edil --lo que no es habitual-- debatimos si debíamos o no fijar un tiempo. Y llegamos a la conclusión que desde el punto de vista formal, y máxime cuando el Edil invitado era el doctor Lúquez, debíamos hacerlo, pero como dijo el señor Presidente, y dada la laxitud con la que habitualmente trabaja esta Comisión, estábamos dispuestos a otorgar más tiempo para su exposición.
         Por otra parte, nosotros queríamos realizar estas consultas porque nos interesaba la óptica que podía tener alguien que  maneja  el Derecho, como dijimos anteriormente. Hay una cuestión que a nosotros nos parece importante evaluar y poner encima de la mesa, que está referida a un aspecto que usted mencionó, y es el hecho de si estos sistemas son democráticos cuando no se tienen los elementos para poder actuar en ellos. Me interesaba saber si desde su óptica de abogado, concretamente, percibe que existe falta de nivel del Edil; lo que algunos hemos conversado en ciertas oportunidades.
         Si hablamos de capacitar al Edil podemos referirnos a varias cosas. Puede existir la necesidad de aggiornarse a unos tiempos y a una legislación que van cambiando, o puede tratarse de una cuestión bastante más profunda. Me interesa saber si usted ha notado, desde su óptica, que en un ámbito como éste lo que en realidad hace falta es capacitación, porque el nivel lo demuestra. Son  cosas distintas. Esta es una cuestión importante.
         Además, creo que hay un elemento trascendente del debate que no se ha puesto encima de la mesa, que es si el Estado, la Administración, tiene que hacerse cargo de esa capacitación de los Ediles, puesto que cuando se somete su elección a la voluntad popular no se aclara en el currículo “no tiene nivel para ello”. Creo que la discusión es bastante más profunda que decidir si vamos a crear una escuela o no, y me interesaba conocer su opinión; la óptica de alguien que maneja el aspecto jurídico, ya que tal vez no todos lo hacemos. Para nosotros esto era importante a la hora de agregar elementos al debate.
SEÑOR LÚQUEZ.- ¿Es una pregunta?
SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Sí, señor Edil.
SEÑOR LÚQUEZ.- Creo que la cuestión que plantea el señor Edil Javier Rodríguez es medular, pero vayamos por partes.
         Nuestro sistema democrático republicano, que data de 1830, se ha caracterizado por ser una de las democracias que menos condiciones establece a la hora de integrar instituciones de representación política, ya sea a nivel del Parlamento nacional, de las juntas departamentales o, por qué no, del Poder Ejecutivo. Son contadas las condiciones; podemos echar un vistazo a la Constitución de la República donde se establece el estatuto jurídico a esos efectos.
         Ahora bien, hay principios de Derecho Administrativo que –sin el rigor de que sean un obstáculo a la hora de que los ciudadanos elegibles comparezcan en instancias cívicas, ya sea en el Parlamento nacional, en las juntas departamentales, en la Intendencia de Canelones en nuestro caso, o en la Presidencia de la República– lubrican la actividad pública;  son los principios de eficiencia y eficacia administrativa. Ambos, regulados en el Derecho Administrativo, en el Derecho Público nacional, establecen la necesidad de darle una dinámica al Estado, en el sentido amplio del término, con la intención de que la relación costo – beneficio sea la más conveniente para la ciudadanía. Es decir, hay que contar con las herramientas básicas. En buen romance, esto es como si lleváramos nuestro vehículo al mecánico y éste, para poder trabajar, solamente tuviera un destornillador y algún otro aparato más --disculpen la escasa terminología, pero no somos peritos en ese oficio--. Es lo mismo cuando al representante departamental o nacional se le dan escasas herramientas de conocimiento a la hora de ejercer su función.
         No dudamos de la buena intención, y no estamos juzgando a la persona física que es soporte del órgano, que representa  la figura del Edil departamental, del Intendente Municipal, del Presidente de la República, del Representante Nacional, del Senador de la República, o del Ministro, pero debemos darle a esa persona –que ocupa temporalmente un cargo público– las herramientas básicas para un mejor desempeño.
         Eso habla a las claras --lo decíamos cuando hicimos la intervención en Sala, y lo remarcamos ahora-- de jerarquizar y mejorar la ciudadanía. De eso se trata. Reitero, esto no debe constituirse en un obstáculo para que ciudadanos, en el más amplio derecho político,  sean electores primero y elegibles después, como establecen los artículos 77 y 79 de la Constitución de la República,  entre otros. Son herramientas básicas para poder ejercer en forma cómoda la función pública durante el período de representación.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Señor Presidente: a medida que se va exponiendo sobre el tema surgen dudas. Una de las cosas que no me resulta demasiado clara respecto a este tipo de iniciativa –visto no sólo desde el punto de vista político, sino jurídico- es la pertinencia de la implementación de la misma. Siempre he tenido esta dicotomía: por un lado la necesidad de jerarquización de la tarea y de tener las herramientas para hacerla y, por otro, la pertinencia de que esto sea llevado adelante por esas instituciones en las que, previamente, cuando uno se presenta a una elección, se está plebiscitando su  idoneidad, porque se hace campaña diciendo que se es idóneo para la tarea. En cambio, si hago un llamado para un proyecto  de la Intendencia Municipal de Canelones, por ejemplo, con requisitos mínimos, pero tengo un proyecto político que se encuadra en determinado lugar, entonces sí es imperioso que se haga una calificación y que además  su costo  sea asumido por el gobierno de turno.
 Entonces, mi pregunta estaba referida a la visualización, no sólo de lo político, que me queda claro, sino de cuál sería el principio rector, desde lo jurídico, para argumentarlo positivamente. No sé si queda clara la pregunta.
SEÑOR LÚQUEZ.- Sí.
SEÑOR GOGGIA.-  Señor Presidente: sin ánimo de cortar la respuesta del invitado, quiero manifestar que creo que todas estas interrogantes que se están volcando en este momento  deberían tener otra mesura; esperar que el señor Edil presente su proyecto por Mesa de Entrada, leerlo y discutirlo. Y si los integrantes de esta Comisión quieren, pueden solicitar que el proyecto, ni bien ingrese a la Junta Departamental, sea enviado a esta Comisión para su discusión. Pero me parece que seguir interrogando al señor Edil  en valoraciones que quizás –o sin quizás—  no tengan una resolución hasta que el proyecto esté plasmado en la letra, creo que no nos va a llevar a mucha cosa. Lo digo simplemente como una reflexión.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Javier).- Si me permite, señor Presidente, a manera de hacer una aclaración a lo manifestado por el Edil Goggia, quisiera decir que me parece que el tema es sumamente interesante, y me parece pertinente conocer el espíritu del proyecto antes de leerlo  porque está presente quien muy probablemente eleve la iniciativa a esta Junta Departamental. Pero no tengo inconveniente --y más si lo piden integrantes de la Bancada del Partido Nacional--, que el Edil no responda la pregunta. Me doy por satisfecho  con las respuestas dadas hasta ahora. Sin embargo, me parece de orden que si va a presentar por escrito  una iniciativa  lo conversemos ahora porque cuando yo lo lea voy a poder observar cuál es el espíritu  del proyecto. Es decir, independientemente de lo que esté plasmado en la letra puedo conocer el espíritu del planteo.
         Dentro de mi organización política —me refiero al Frente Amplio en general y al sector en que milito-- también se ha discutido este tema con profesionales. Pero esos profesionales tienen mi concepción política, y lo que intentan hacer cuando nos asesoran es  una instrumentación práctica desde nuestra concepción política. Estoy hablando como representante de una colectividad política que evidentemente tiene otra concepción e intenta instrumentar esa concepción. Y lo que intentamos hacer en este tema es -- como en tantos otros para el futuro--, en la medida de lo posible, instrumentar algunas medidas que sean una especie de política de Estado a nivel departamental. En ese sentido hemos hablado con el Edil Lúquez en más de una oportunidad. Es probable que en estas primeras escaramuzas no consigamos los acuerdos, pero creo que es una buena política hacia el futuro, y en ese sentido es que planteo las  preguntas. Pero, reitero, la última la retiro inmediatamente  si se entiende que no es pertinente.
 Agradezco la posibilidad de hacer la aclaración.
 SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa en particular estima que las preguntas no han sido impertinentes e, incluso, el diálogo ha ido ganando en entusiasmo, por lo que en tanto no haya una moción de suspenderlo  estamos en condiciones de proseguir.
  Puede continuar el señor Edil Fernando Lúquez.
SEÑOR LÚQUEZ.- Señor Presidente: quiero hincarme en una apreciación que vertió el Edil Javier Rodríguez. En sus recientes manifestaciones hizo referencia a política de Estado a nivel departamental; políticas públicas que muy pocas veces,  o jamás en esta legislatura –lo decimos sinceramente--, los tres partidos con representación en esta Junta Departamental  hemos encarado; y este es uno de los temas.
 El artículo 2º del Código Civil establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, conociendo esa disposición nacional, suponemos, o veníamos suponiendo  en cada instancia cívica de elecciones, que los candidatos conocemos el Derecho Positivo.
 Han existido experiencias político-institucionales en esta legislatura con respecto a las cuales quizá el Edil o los señores ediles –y hasta me incluyo-- desconocemos determinadas pautas normativas  o mecanismos institucionales a la hora  del ejercicio de nuestra función. El espíritu no es establecer obstáculos normativos  a cualquier ciudadano natural,  mayor de 18 años, o con la ciudadanía establecida  en la Constitución de la República a la hora  de ser candidato a Edil departamental; que no quede al margen de tal circunstancia cívica porque debe capacitarse previamente. No  es ese el espíritu de esta iniciativa.  El espíritu es lubricar, calibrar, mejorar  la actividad pública del legislador  departamental, en cuanto percibimos  en reiteradas oportunidades,  quizá, el desconocimiento del Derecho Positivo primero, quizá, el desconocimiento de la técnica legislativa a la hora de corregir, redactar, modificar o derogar un decreto o  sancionar una resolución de la Junta Departamental.
         Consideramos que ese fue el sentido de esta iniciativa, y el proyecto que vamos a presentar en la semana en curso  estará dentro de esos parámetros.
SEÑOR SILVA (Gustavo).-  Señor Presidente: no sé si en esta instancia –y se lo planteo a toda la Comisión—se puede solicitar un cuarto intermedio, porque deseo formular una pregunta que desencadenará otra, pero quisiera consultar a mi bancada al respecto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Estamos funcionando como Comisión, de manera que es posible solicitar un cuarto intermedio.
SEÑOR SILVA (Gustavo).- Siendo así, solicito un cuarto intermedio de diez minutos.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por  el señor Edil Gustavo Silva.

(Se vota: )

___________ 8  en  9. AFIRMATIVA.

 

Edil Lúquez intimidado por el FA, en plena campaña electoral

 El pasado domingo 15 de noviembre, siendo la hora 23 aprox.,  en calle Juan Pedro Espino s/n, Juanicó; frente al domicilio del edil departamental Dr. Fernando Lúquez (Partido Nacional), militantes vinculados al Comité de Base del FA "Italo Raúl Príncipi" de dicha localidad, se aprestaron a pintar y realizar inscripciones en la vía pública frente al mismo domicilio del referente político nacionalista.

       La pintada, realizada "entre aceleradas y bocinazos de motos", es tomada por el dirigente nacionalista como una "clara provocación política", dado que no sólo es el domicilio del legislador departamental sino que, en su barbacoa se realizan reuniones de la agrupación del Dr. Lúquez.

         El damnificado cree que es necesario mantener el respeto y la tranquilidad, así como la libre expresión de las distintas agrupaciones políticas -como ha sido tradición cívica en el Uruguay-, de todas formas, existen límites prudenciales que, en este caso, no se han tenido en cuenta. No obstante, esta no ha sido la única medida militante del FA, sino que se han constatado hechos tales como "bajada de carteles del Partido Nacional, durante toda la campaña electoral", entre otras acciones repudiables.

          El hecho fue denunciado ante la autoridad policial, por considerarse una "clara provocación política" a un referente político del Partido Nacional, en la localidad de Juanicó. 

 

Lúquez presenta la creación de una Escuela de Gobierno

A continuación transcribimos la minuta de aspiración que el Sr. edil Dr. Lúquez, que presentará en esta semana (del 9 al 13 de noviembre de 2009) en la Junta Departamental de Canelones, referente a la creación de la Escuela de Gobierno:

"El edil abajo firmante, en conformidad de lo así resuelto por la Comisión Permanente Nº 1 “Asuntos Internos, Legales y Económico-Financieros”, dado que la misma se encuentra abocada al estudio de la Carpeta Nº 5399/2009, referente al tema: “Creación de una Escuela de Gobierno”,  impulsada por el suscrito, a través de lo así expresado en una Sesión Ordinaria del Cuerpo; en cuyo mérito, es que viene a formular el proyecto en cuestión de acuerdo a las siguientes consideraciones:

I-                   Que, el suscrito edil ha constatado –en el entendido de interpretar una percepción compartida entre varios señores ediles- una preocupación instalada en la presente legislatura, referente a la necesaria preparación de los curules para el mejor desempeño de la función de precepto constitucional: legislación y contralor comunal.

II-                 Que el espíritu de la presente minuta de aspiración  reside en que, la actual legislatura departamental legue a la venidera, de las más básicas y elementales herramientas para que, los futuros ediles –locales y departamentales (y así, subsiguientemente; salvo mejor opinión de los sucesivos Gobiernos Departamentales) desempeñen sus funciones constitucionales y legales, en estricta correlación, a la elevación de la institucionalidad democrática tanto como de la construcción de más y mejor ciudadanía.

III-              Que, se ha constatado con cierta preocupación un no muy óptimo manejo de la legislación estatutaria del edil departamental, en cuanto ello se ha apreciado a través del desempeño de la función de los señores legisladores comunales; pues, a la hora de enfrentarnos con la más elemental técnica legislativa, requerida para la presentación de proyectos legislativos, resoluciones, tanto como lo que concierne a la delimitación de la materia nacional, departamental y municipal, respectivamente, no se ha observado un manejo, quizá, adecuado de la normativa que reglamenta la función en cuestión, pues ello obedecería estrictamente al desconocimiento de aquélla (esto es, sin perjuicio de lo establecido en el art. 2 del Código Civil Uruguayo: “La ignorancia de la ley no sirve de excusa”). Todo esto, podrá ser salvado a través de la obra de una Escuela de Gobierno en Canelones.    

IV-              Que, de lo referido ut supra, los señores ediles departamentales de la presente legislatura, quizá por ese mismo desconocimiento de la normativa regulatoria de la función de precepto, ha desdibujado a la misma distrayéndose en otras competencias funcionales que le son ajenas, por ejemplo: la materia nacional y/o municipal.

V-                 Que ha sido tradición política (violatoria de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515 del 10 de octubre de 1935, arts. 58 y sgs.), antes de la integración de las Juntas Locales del departamento (verdaderos órganos del desarrollo municipal), el desdibujo de la función legislativa al asumir competencias ajenas (que la ley no le atribuyó), nos referimos a lo estatuido para el edil local: el desarrollo local y las políticas municipales. Por lo que, a través de la instalación de esta Escuela de Gobierno, se deberá preparar a los representantes locales y departamentales, ilustrándoles y capacitándoles respecto de las funciones que devienen de sus competencias materiales.

VI-              Asimismo, se considera necesario –por ello se consigna esta iniciativa- jerarquizar la función pública que le cupe al edil departamental, capacitándolo a través de cursos didácticos y básicos, que mediante a la instauración de una Escuela de Gobierno, se les capacite –tanto como a ediles locales- durante los primeros 180 días de iniciada la próxima legislatura o, contados a partir de la integración de las próximas Juntas Locales del Departamento.

VII-            Se procurará en el próximo presupuestal quinquenal de ingresos, gastos y egresos, la dotación de una partida necesaria para la creación de una Escuela de Gobierno y/o la suscripción de convenios con la Universidad de la República (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), por ejemplo; a los efectos , de que dicho Ente Autónomo u el organismo que entienda pertinente la Junta Departamental de Canelones, proporcione de los técnicos y docentes para el dictado de los cursos de preparación, capacitación, seminarios y congresos que la Escuela organizare.

VIII-           Las asignaturas o cursos de dicha Escuela podrán abordar las diversas ciencias y técnicas que redunden en la mayor capacitación posible de los señores ediles, locales y departamentales, por ejemplo: Derecho Público (Constitucional), Derecho Legislativo, Técnica Legislativa, Retórica, Nociones Básicas del Derecho Municipal, Oratoria, Ciencia Política, Historia de las Ideas, etc. Es de consignar que, la enumeración de asignaturas, no tiene carácter taxativo sino enunciativo, siendo modificada total o parcialmente; salvo aquellas que se consideren básicas para el contenido didáctico de la Escuela de Gobierno: Derecho Público (Constitucional), Derecho Legislativo y Técnica Legislativa.

IX-               Se podrá instaurar, junto con el Intendente Municipal de Canelones, la integración rectora de dicha Escuela, con representantes de las dos instituciones del Gobierno Departamental; encarando desde la misma, como se expresara precedentemente, la capacitación no sólo de ediles departamentales sino de los ediles locales del departamento.

X-                 La integración de dicha Escuela, se hará designando –con carácter honorario- a 5 miembros, los que tendrán a su cargo la dirección de la misma, su representante será un Rector, secundado por un Vice-rector.  Ambos cargos, serán renovados anualmente para cuyo desempeño, se hará de forma rotativa (según se establezca oportunamente, en el decreto que reglamente la creación, cometidos y funcionamiento de la Escuela de Gobierno).  

XI-               El Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno (de carácter honorario), se integrará, pues: por 2 representantes del Señor Intendente Municipal y los otros 3, lo harán representando a la Junta Departamental de Canelones (estos últimos, no necesariamente serán integrantes de la Corporación Legislativa). 

XII-            Cabe consignar que, la instauración de este nuevo instituto no tiene por objetivo la creación de cargos (docentes) que implique la erogación de gastos para el Gobierno de Canelones, sino que ello se podrá suplir con la suscripción de un convenio con la Universidad de la República (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) a la que, se le requerirá el concurso de pasantes (aspirantes a docentes en la UDELAR – Facultad de Derecho, en las especialidades catedráticas indicadas en el numeral VIII de esta minuta).

Sin más, para agregar al respecto –esperando que la Corporación estudie, amplificando y modificando todo aquello que mejore la iniciativa, saluda a usted muy atentamente,

 

Dr. Fernando Lúquez Cilintano

EDIL DEPARTAMENTAL – PARTIDO NACIONAL

Sesion solemne en homenaje a Don Bosco propuso Fernando Lúquez

Los hijos de don Bosco o salesianos, cumplen este año 150 años de su fundación como Congregación religiosa de la Iglesia Católica. A su vez, se festeja en nuestro departamento los 130 años de la presencia de esta Congregación. La ciudad de Las Piedras sabe de la influencia y valoración de esta presencia más que centenaria en sus habitantes. El pasado 17 de setiembre en Las Piedras y el 18 en la ciudad de Canelones llegaron las reliquias de don Bosco que recorren el mundo visitando todos los sitios salesianos. (**) Hacer referencia a lo mucho que esa congregación católica ha aportado a la sociedad canaria a partir de su presencia en Las Piedras al asumir el curato de la Iglesia principal de la ciudad “San Isidro Labrador” (1879)  y de dos centros educativos primero el Colegio “San José” y “Ma. Auxiliadora” de las Hnas Salesianas (1879) y luego los salesianos con el Colegio y Liceo “San Isidro” (1881) y posteriormente el Colegio “Ma. Auxiliadora” en la ciudad de Canelones.

 

 

Significación de la influencia en la formación ciudadana del carisma, del estilo y perfil educador-evangelizador de los salesianos. Congregación dedicada a la formación de los jóvenes. Mirar a don Bosco su fundador o mirar a los salesianos (as) es mirar a la juventud y como ayudarlos a ser “ honrados ciudadanos y buenos cristianos” con una prioridad y preocupación por los más humildes y necesitados.

Mirar a don Bosco es saber involucrar a muchos en sus ideales, en sus sueños. Es saber contagiar su pasión por creer y confiar en lo positivo que hay en cada joven.

Mirar a los salesianos(as) es respirar ambiente de familia, es vivir en fiesta, porque la fiesta dice de informalidad y espontaneidad, habla de alegría y testimonio.

Tarea que realizan no sólo los “Curas” o las “Monjas” sino que son los mismos jóvenes animadores de otros jóvenes a través de múltiples actividades comprometidas con la comunidad. Los Oratorios, los grupos juveniles, los Scouts, los voluntarios,  insertos en comunidades barriales son algunas de las expresiones juveniles a favor de los más desfavorecidos de la sociedad.

 

Figuras salesianas de gran influencia por sus aportes a la sociedad canaria como lo fueron en la primera época, de mitad del siglo XIX un P. Luis Lasagna primer párroco salesiano de San Isidro, fundador entre otras cosas del primer observatorio meteorológico del país, instalado en el Colegio Pío en Montevideo, luego Obispo de la Iglesia Católica. P. José Ma. Vidal párroco poeta y escritor. Luego más recientemente P. Orestes Nuti emprendedor salesiano luego nombrado por designación papal, primer Obispo de Canelones. P. Antonio Lacabanne, P. José Ma. Parodi, P. Héctor Ellis , P. Hugo Bordoli, entre otros distinguidos párrocos con una señera actuación educativa y social. Actualmente el actual párroco P. Julio Dodero que cumple con la distinción de ser el vicepresidente de la Comisión patriótica de Las Piedras, inserto en el quehacer social ciudadano. Vale nombrar entre tantos salesiano(as) humildes, todos incansables trabajadores por el bien de la comunidad, la presencia en la actual comunidad religiosa de Las Piedras del P. Mateo Méndez, salesiano con una historia personal de entrega a los jóvenes en situación de riesgo tanto en la obra Tacurú de Montevideo, como Caqueiro en Rivera, Director del INTERJ del INAU, hoy buscando respuestas a la juventud de calle de Las Piedras y zonas de influencia.

 

Sacerdotes y religiosas  han trascendido su misión de evangelizadores cristianos y en el ámbito educativo, en lo social, en lo cultural, en tantas obras humanas han realizado en estos 130 años de servicio a la comunidad en nuestro departamento, merecen el reconocimiento de este órgano comunal.

 

La beatificación de Pepe: un rumbo hacia el sistema de partido único

Parece que la decencia, la calidad de buen gobernante y, sobre todo, la honestidad en el Uruguay, tiene la grifa de un conglomerado político, el Frente Amplio. Todo lo que esté por fuera, es malo, visceralmente corrupto (o corruptible).

      La corrupción o la malicia del gobernante, tiene una vinculación genética –para el dirigente frenteamplista- todo aquel que haya heredado ciertos principios históricos, en lo político-partidario, es bueno o malo, según a que partido político pertenezca o vote; pues, realmente al leer la última columna del Senador José Mujica en www.pepetalcuales.com.uy acerca de “La Honestidad que nadie defiende”, pensé que estaba leyendo un fragmento evangélico, ungido por la santidad del Senador Pepe.

       No es de extrañar que, se ruegue por parte de algún grupúsculo, respecto de la beatificación del candidato oficialista, Don José “Pepe” Mujica, y ese séquito se reduce al gobierno (con su formidable campaña mediática que aboga por la continuidad del FA en el poder), la dirigencia cupular del PIT CNT, medios de comunicación pro-gubernistas, encuestadoras varias (que van y vienen en porcentajes que hablan de variabilidad susceptible de ser observadas empíricamente);  en fin, el Uruguay vive una extraña campaña electoral, donde una pesada maquinaria gubernista (apoya a su partido) pretende aniquilar al adversario político, desde la denostación y el  agravio. Dejando de lado, las propuestas y el programa de gobierno, que por cierto, sólo se reduce al programa de principios votado en el último congreso del Frente Amplio, ungido por comunistas y tupamaros. Nada se recoge respecto del ideario astorista.

       Así es, Uruguay podrá tener su primer presidente convertido en santo, sí la ciudadanía unge con su voto, al Senador (ex guerrillero) José Mujica Cordano.  Porque, realmente, sí la honestidad es patrimonio exclusivo e inembargable del Frente Amplio, su candidato habrá de decir una cosa siempre, y no, cambiando de parecer una y otra vez. ¿Verdad?

     O, no habrán en dicho conglomerado político hincado en la honestidad, actores políticos que fundan organismos públicos con vocación de percepción de riquezas para el Estado (léase Casinos Municipales de Montevideo), y candidatos que, tengan plena confianza de que sólo la honestidad permea en el FA, mientras que la corrupción existe en el resto de los partidos. Sí es así, sí la realidad objetiva pauta eso, es probable que Mujica lidere un gobierno “honesto”; quizá, ya no sea este país el Uruguay que conocimos, es probable que esta porción de suelo sudamericano, sea la nueva tierra santa, gobernada por seres incorruptibles y una trayectoria gubernista tanto como pública, intachable.

¿Acaso con esta actitud se pretende ir hacia el sistema de partido único? ¿Qué hará Mujica con los partidos de la minoría si es presidente? ¿Podrá realmente generar el concurso de todos, para construir a la esperanza nacional tan esquiva? O, tendremos más de lo mismo: mayorías parlamentarias que no pudieron transformar el país, tal como así se prometió en 2004, entes sin contralor de las minorías, sindicatos afines al gobierno, Parlamento Nacional y Organismos de Contralor (Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo), desconocidos totalmente en sus potestades republicanas.

¿Qué le pasa al Uruguay para merecer a Mujica Presidente? Esta pregunta me la formulo, con el debido respeto al dirigente político, a sus adherentes y votantes; pero ello no es óbice, para la exposición de su planteo ante el sagrado interés nacional, de un mejor destino a este país; que ha sido la Nación de la Familia y de los Valores, de la Educación y la Dignidad en sus Tradiciones. Hoy.  Todo eso, luego de la caótica crisis del 2002, ha sido carcomido por  factores sociales, con la complicidad de gobiernos que, por incapacidad o provecho propio, no han instaurado medidas que preserven esas credenciales que enorgullecieron al Uruguay todo.

    Por eso, como joven dirigente que, al igual que tantos, no deseo armar mis maletas para abandonar este bendito suelo (como otros tantos de miles, lo han hecho, para no regresar más…), pretendo marchar hacia un rumbo cierto y seguro, de un país de la convivencia, y no el Uruguay de la inseguridad, de un país del trabajo y la producción, y no, el Uruguay de la salarización de la pobreza y de la expoliación de nuestros recursos. Quiero, y por eso estoy en esta visceral vocación en mí –como lo es la actividad política-  bregar por el Uruguay de las oportunidades, el país de la esperanza de que, un mejor destino  nos espera a todos, sin distingo de color político, ensalzando al Uruguay de la Familia y de los Valores, al país que nuestros abuelos forjaron y hoy, ya lo desconocen. Ahí está, ese es el rumbo por el cual marchamos, y nuestro guía nos tiende una mano no sólo indicando su dirección, sino que, ese guía, nuestro Partido Nacional, nos acompañará, sin dudas, a lo largo de esta caminata que empieza el 25 de octubre.

 

Dr. Fernando Lúquez Cilintano

Abogado, hijo de trabajadores, 31 años

EL PROGRAMA DE GOBIERNO NACIONALISTA ABORDA POLÍTICAS SOBRE DISCAPACIDAD

“Lo que no hizo este gobierno, lo haremos nosotros” En nuestro caso, como integrantes de nuestro sector Alianza Nacional, tuvimos el honor de compartir un punto del programa de gobierno nacionalista que comparece en estos próximos comicios, tema que está relacionado a la atención de más de 300.000 habitantes de este país, que, por su condición de tales, no han tenido políticas públicas que los integren, protejan y atiendan debidamente, nos referimos a las personas con capacidades diferentes.

          Salud (prevención, atención y rehabilitación), empleo, transporte, tránsito, educación, cultura, deporte, recreación, arquitectura y accesibilidad, entre otras áreas que serán, abordadas por un Instituto Nacional que bregue –desde la Administración- por la generación de esas políticas de estado que, desde un gobierno del Partido Nacional, se adopten las acciones, planes y programas que esta administración “progresista” se olvidó de ejecutar.

          Estas líneas programáticas han sido atendidas en el programa de gobierno del Partido Nacional y, en buena parte, hemos contribuido en los trazos elementales de estas políticas a las que, sin generar expectativas a priori, queremos impulsar con fervor en la próxima administración.

 

COMETIDOS QUE SE PRETENDEN IMPULSAR:

 

 

           Promover acciones, planes y programas tendentes a la mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional:

            -Empleo, seguridad social y derecho pensionario, educación, cultura, deporte y recreación, transporte, tránsito, accesibilidad, nomenclator y urbanismo, turismo social, etc. 

Estimular, mediante acciones públicas, el compromiso privado en la responsabilidad social de empresas nacionales y extranjeras con presencia en el país; coadyuvando en los esfuerzos públicos de atención a la discapacidad.

Impulsar un Plan Nacional de Inclusión Social de Personas con Discapacidad.

Crear un Observatorio Nacional de Seguimiento de las Políticas Públicas y Acciones Privadas de atención a la Discapacidad.

Crear, siempre en la órbita del Instituto Nacional, el Área de Defensa del Discapacitado. 

Gestionar y canalizar acuerdos entre la Administración Central, los Gobiernos Departamentales y demás Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, planes y programas que efectivicen la consagración de un principio de estricta justicia republicana, como lo es el de igualdad entre los habitantes de la República (art. 8 de la Constitución).

 

B). ACCIONES:

 

Ejecutar las acciones y programas que el gobierno nacional determine, por ejemplo:

Supervisar, colaborar y participar, entre otras acciones, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (DINAE, JUNAE, etc.) para mejorar las condiciones de trabajo de personas con discapacidad (de acuerdo a sus aptitudes físicas, de idoneidad y mentales), en el ámbito público y privado.

Supervisar, colaborar y participar, entre otras acciones, con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para el estricto cumplimiento de la legislación laboral especializada (art. 42 de la ley 16.095 y modificativas), en cuanto al control de la cobertura de vacantes generadas en el Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Personas Públicas No Estatales y Gobiernos Departamentales.

Colaborar y participar activamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el asesoramiento para el trazado de las pautas presupuestales del quinquenio en materia de atención a la discapacidad.

Suscribir convenios con Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, Organismos Internacionales (cumplidas las formalidades legales que del caso se requieran), con el propósito de aplicar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que, reconocen derechos a las personas con discapacidad.

Facilitar el acceso a beneficios sociales que el   Estado establece, mediante su legislación, pero –como ya se ha señalado- que su aplicación ha sido precaria y, en algunos casos, hasta nula, a falta de previsión presupuestal principalmente.

Mantener contacto permanente con las diversas instituciones civiles que bregan por los intereses de las personas con discapacidad, erigiéndose en el vaso comunicante de las mismas con el resto de las autoridades nacionales y departamentales.

Crear un Premio Nacional que destaque, merced a los talentos y virtudes, de las personas con discapacidad puedan desplegar su derecho a la expresión artística, deportiva o cultural.

Homenaje por el 195 aniversario del Nacimiento de Timoteo Aparicio

      El próximo sábado 22 de agosto, a las 16 hs., en el ex Teatro Colón (Conservatorio Municipal de Canelones), sito en calle Tomás Berreta entre Florencio Sánchez y Treinta y Tres, ciudad de Canelones, la Comisión de Asuntos Históricos de la UN Canelones organiza e invita a rendirle tributo a este Adalid nacionalista que naciera un 22 de agosto de 1814, en Paso Palomeque, Canelones.

     Al acto concurrirán autoridades partidarias, nacionales y departamentales, personalidades del ámbito académico e integrantes de la Asoc. Patriada por la Historia, siendo un acto de participación abierta de prescindencia proselitista que pretende jerarquizar la presencia histórica de un patriota que nos pertenece no sólo a los blancos, sino al legado histórico y patrimonial del Uruguay.

 Timoteo Aparicio "pasó buena parte de su vida en el [[departamento de Florida]] y desde allí defendió las causas del [[Partido Nacional (Uruguay)|Partido Nacional]], en todo el territorio nacional. La [[Batalla de Paso Severino]] fue uno de los acontecimientos más importantes de su vida de revolucionario.

Sus primeros enfrentamientos se producen junto a [[Manuel Oribe]], en el año 1836, y luego en el asedio a [[Montevideo]], cuando la [[Guerra Grande]] y el [[Gobierno del Cerrito]].

Durante la Presidencia de [[Bernardo Prudencio Berro]] se enfrentó en varias ocasiones a las fuerzas del General [[Venancio Flores]]. Luego del triunfo de Flores en 1865, el caudillo blanco emigra a [[Provincia de Entre Ríos|Entre Ríos]], [[Argentina]]. Regresa en 1870, cruzando el [[río Uruguay]] a la altura de [[Gualeguaychú]], para iniciar la "[[Revolución de las Lanzas]]". En Paso Severino, entre las hoy localidades de Mendoza Chico y 25 de Mayo, el 12 de setiembre de ese año se enfrenta a las fuerzas leales al Presidente [[Lorenzo Batlle]], las que resultaron derrotadas y abandonaron el campo de batalla. La Convención del 6 de abril de 1872 pone fin a esta lucha armada.

En enero de 1875, cuando se produce el derrocamiento del Presidente constitucional [[José Eugenio Ellauri]], el Partido Nacional, con el General Timoteo Aparicio a la cabeza se ofrece para restaurarlo, lo cual no fue aceptado.
 
Las continuas luchas armadas en las que participó lo obligaron a abandonar su trabajo, a lo que se sumó el haber hipotecado su casa y sus tierras a favor de la causa revolucionaria. En épocas de paz fue un vecino muy apreciado y solidario, dedicándose a trabajar con sus propias manos la tierra para subsistir; finalizó sus días en medio de la pobreza, y luego de una penosa dolencia.

Fue un gran hombre admirado por correligionarios y también por sus adversarios y prueba de ello fue que un gobierno del [[Partido Colorado (Uruguay)|Partido Colorado]] —al que se opuso— le confirió el grado de General (fragmento biográfico extraído de Wikipedia).

HACKEAN MAIL Y FACEBOOK A LÚQUEZ

En horas del mediodía del martes 11 de agosto de 2009, el edil Dr. Fernando Lúquez ha sido víctima de una operación de hackeo en sus cuentas de correo electrónico [e-mail] y de su facebook personal. Se informa también que el nuevo correo es [e-mail] A todos los efectos legales, el propietario de estas cuentas comunica a todos sus contactos,  las molestias ocasionadas por maniobras inescrupulosas y enfermisas las que serán, oportunamente, indagadas y resueltas sus eventuales responsabilidades juridico-penales de quien o quienes operaron en tal forma.

Un nuevo surco a la prosperidad se abre

Otra instancia cívica hemos vivido, con el respeto debido hacia la diversidad de las distintas propuestas electorales, esa ha sido la conducta que nos ha caracterizado (sin establecer mecanismos espurios o desleales) permitió, no obstante, una formidable performance de cara a las próximas elecciones nacionales, ofreciendo una triple preferencia: la primera, en lo nacional, con el Dr. Jorge Larrañaga (el que demostró, una vez más, al país todo, una dimensión wilsonista del sentido del deber al aceptar la integración de la fórmula presidencial de nuestro glorioso Partido Nacional), otra segunda, desde lo departamental, con el diputado Alberto Perdomo, quien –junto a un equipo cristalizado en esta lista 2010- se erige, con claridad, en el próximo intendente de Canelones.

       Pero, existe una tercera preferencia, desde diversos rincones de Canelones (no ya solamente desde Juanicó), donde más de medio millar de canarios, lo hicieron, acompañándonos a nosotros, en una u otra de las 7 expresiones electorales que, en esta oportunidad cívica, hemos presentado.

       Apoyo que, una vez más, viene a redoblar un compromiso –el que precisamente no se agota en zafra de elecciones-; actitud política ya conocida por quienes nos honraron con su voto de confianza. Actitud y compromiso, a la vez, obviamente no se limita a una disposición servicial hacia unos pocos, sino que, nuestra vocación se instala para el beneficio general de nuestro pueblo, y ahora, de Canelones todo.

       Quizá ese es el diferencial, que nos ha permitido una vez más, como en 2004, pertenecer a la lista más votada entre todos los lemas que, comparecieron en las urnas de la circunscripción cívica de Juanicó. Así, la lista 2010, con 265 votos, se convirtió en la lista más votada  de nuestro pago chico.

      Pero esta elección, signada por una jornada cuyo rasgo climático no propició una mayor afluencia –quizá sumado a otros factores o circunstancias-, donde poco más que el 44% de los habilitados concurrieron a cumplir con el derecho al sufragio en las internas de los partidos políticos. De todas maneras, pese a tal circunstancia, Juanicó –como otrora- volvió a “blanquear” como dicen nuestros mayores, algo que, hemos soñado por varios quienes hemos mantenido a nuestro Partido Nacional, vivo en militancia durante estos últimos diez años.

      Ahora bien, este no es un fin en si mismo, sino que, esta circunstancia electoral nos legitima a la hora de la integración de las Juntas Locales, y, en nuestro caso, propugnaremos vivazmente, por la creación de un órgano municipal en Juanicó, responsable de las políticas y cometidos de lo local, sin necesidad ya, de vivir ninguneo alguno así como tampoco, se mantendrán lazos de dependencia municipal con centros poblados vecinos. Porque Juanicó, tendrá a partir del próximo período de gobierno, su Junta Local.

      Vamos a hacer valer desde ya, el peso de las democracias locales en cada jurisdicción electoral y/o municipal: principio básico –no sólo a nivel de la descentralización administrativa y política- sino, de convivencia republicana.

       Todo ello sumado a la histórica oportunidad que se abre a Juanicó y, obviamente a Canelones, con la posibilidad de acceder al ámbito parlamentario nacional; quizá sea desde una suplencia pero, convirtiendo tal posicionamiento institucional –desde la Cámara de Representantes-, en una compuerta de cambios necesarios que, como ya lo hemos realizado desde la Junta Departamental, a partir de una tercer suplencia de edil; cristalizando aquello de que lo importante no es el cargo, sino la función que se debe ejercer.

          Lo mismo habrán de ejercer nuestro convencional nacional y los cuatro convencionales departamentales que, esta nuestra agrupación ha logrado desde la gran Alternativa Canelones y la lista 2010.

       Canelones y, nuestro pueblo, no necesita dirigentes que sólo despierten en la actividad política cada cinco años, buscando solamente adhesiones –sólo Dios sabe con que fin- sino que, nos precisan a todos en la cotidiana construcción de nuestra realidad, con iniciativas, proyectos y buena disposición en esa necesaria convergencia que la gente espera de nosotros.

        Un párrafo final, a todos quienes nos permitieron duplicar en cinco años, no ya el apoyo electoral –cosa que se hiciera a través de 554 voluntades sumadas a este, nuestro proyecto departamental- sino que, lleva implícito la multiplicación de compromisos con el departamento y su gente; esa es, nuestra obsesión: remangarnos en esa grata tarea de construir un Canelones diferente, integrador e inclusivo, volcado de lleno al desarrollo productivo, económico, social y cultural. Gracias a quienes, una vez más volvieron a confiar en nosotros, a aquellos quienes lo hicieron por primera vez, y a quienes legítimamente optaron por otras preferencias electorales, les advertimos que “la revolución acaba de comenzar…” 

 

Dr. Fernando Lúquez Cilintano

Edil Departamental – Alianza Nacional

      

 

LISTAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN UNIÓN NACIONALISTA DE CANELONES APOYANDO AL DR. FERNANDO LÚQUEZ

 

Lista 9000 (Nelba Fernández - Toledo) – 54 votos

Lista 162010 (Jorge Colina – El Dorado) – 37 votos

Lista 222010 (Raúl Romero-Canelones) -124 votos

Lista 322010 (Jorge Colina- Las Piedras) – 24 votos

Lista 38-2010 (Víctor Pérez – Juanicó) – 183 votos

Lista 45-2010 (Hugo Pereira – Carrasco del Sauce) – 41 votos

Lista 331-2010 (Ramón Pérez – San Ramón) -91 votos

 

TOTAL ELECCIONES INTERNAS: 554 votos (escrutinio primario)